Seremi de Educación responderá oficio de Contraloría por cuadro sobre el “Apruebo”

Fue
este miércoles cuando el consejero regional Alejandro Riquelme Ducci,
denunció por redes sociales la presencia de un cuadro colgado en la
oficina pública del seremi de Educación, Valentín Aguilera, que señala
“Apruebo Convención Constitucional”.

“Parece
que no le llegó el oficio del contralor nacional sobre neutralidad de
la función pública y uso de recursos fiscales para campaña. Antes de
criticar lea la Ley de Escrutinios, art 31: ‘En el caso de los
plebiscitos, se entenderá por propaganda aquella que induzca a apoyar
alguna de las proposiciones sometidas a consideración de la
ciudadanía’”, comentaba Riquelme.

Contraloría

Ante
la denuncia, la Contraloría manifestó que solicitó un informe a la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes, agregando
que “la entidad cuenta con diez días hábiles contados desde la recepción
del oficio para emitir el informe”. Por lo anterior, el core Riquelme
señaló por Facebook “Contraloría haciendo la pega”.

Seremi de Educación

Por
esta situación, Pingüino Multimedia se comunicó con la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de Magallanes, para conocer la
respuesta de la entidad regional.

“La
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes ha recibido
un requerimiento de solicitud de información, emitido por la Contraloría
General de la República (CGR), el cual será respondido al órgano
contralor oportunamente”.

De
esta manera, desde la Seremi de Educación de Magallanes se acusa recibo
de esta solicitud efectuado por el órgano fiscalizador del Estado, ante
la denuncia que se interpreta que podría llamar a votar la opción
“Apruebo” en el plebiscito de salida por una nueva Constitución el
próximo 4 de septiembre.

Instructivo

Hace
unas semanas, la Contraloría General de la República emitió un
instructivo, donde se exige “la más estricta imparcialidad” del Gobierno
del Presidente Gabriel Boric, de cara al plebiscito.

El
documento señala que las autoridades y servidores públicos no pueden
valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las
alternativas consultadas, en este caso “Apruebo” o “Rechazo” a una nueva
Constitución.

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