La bancada de la UDI presiona para intentar poner en votación el proyecto que busca revocar por ley las cuestionadas pensiones de gracias del estallido, que han sido recibidas -en algunos casos- por beneficiarios con antecedentes penales o condenas.
En un informe de Contraloría se reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas en delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Aunque la iniciativa para revocar estos beneficios la está promoviendo la oposición de manera transversal, dado el rechazo que ha generado, su cercanía con el receso legislativo de febrero hace muy difícil que, por lo menos antes de marzo, logre concretarse.
Para evitar eso, el diputado Henry Leal (UDI), quien presidió la comisión investigadora del caso pensiones de gracia del “estallido”, envió un oficio al presidente de la Cámara Baja, su par DC Ricardo Cifuentes, solicitando la puesta en votación de mociones refundidas para revertir los beneficios.
“Pedimos discutir y aprobar este proyecto de ley que permite revocar las pensiones de gracia fraudulenta, más allá de la facultad que tenga el Presidente por las vías reglamentarias y administrativas. Aquí tenemos que actuar con prontitud y con señales claras, y sería poco entendible para la ciudadanía que este tema lo dejemos para marzo, cuando seguramente habrá otras contingencias en el país”, detalló el parlamentario.
En esta línea, advirtió que “la política no puede ser a oídos sordo y tiene que fijar sus prioridades, y este es un tema que debe avergonzar a la clase política y tiene que ser resuelto a la brevedad en una sesión especial”.
La iniciativa que promueve la UDI es una moción refundida de tres propuestas subsumidas de la oposición, textos que fueron aprobados en general en la Comisión de Desarrollo Social y despachados a la sala de la Cámara.
Pese a que está en tabla, su avance antes del receso legislativo se ve complicado: no tiene urgencia del Gobierno, por lo que su velocidad de tramitación baja y queda a la espera de una posible sesión especial con carácter de “urgente”, que es determinada por la administración de Cifuentes.
De todas maneras, la opción no parece viable en tan poco días, dado que la sala de la Cámara tiene una serie de informes programas para votar, además de otros proyectos.
Debido a esto, lo más probable es que el Congreso se tendrá que pronunciar sobre este bullado proyecto a partir del próximo 4 de marzo, cuando se retome el trabajo legislativo.