En octubre de este año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el Protocolo Investigativo Interinstitucional en Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Este instrumento fue desarrollado con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Programa Mi Abogado, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Gendarmería, la Subsecretaria de la Niñez, Servicio Nacional de Menores, la Subsecretaria de la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Este protocolo pone énfasis en la investigación del delito, estableciendo roles para las distintas instituciones convocadas que faciliten el cumplimiento de tres objetivos principales. Primero, mejorar los procesos de detección, denuncia e investigación penal de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), mediante el fortalecimiento del trabajo colaborativo intersectorial. Un segundo objetivo corresponde a entregar herramientas y orientaciones a los equipos a cargo de las investigaciones penales, para desarrollarlas de forma integral, coordinada y eficiente, considerando, por ejemplo, la realidad psicosocial de la víctima. Tercero, proteger a las niñas, niños y adolescentes que resulten víctimas, promoviendo el ejercicio y goce efectivo de sus derechos durante todo el proceso penal.
Durante la cuarta sesión de la Subcomisión Regional de Justicia, Derechos Humanos y Escnna convocada por el Servicio de Protección Especializada, se inició el trabajo intersectorial para la implementación de este protocolo investigativo en Magallanes. Entre los primeros puntos abordados se encuentran la creación de unidades regionales al interior de Carabineros y la PDI, especializadas en la atención a víctimas de Escnna, así como la definición de protocolos internos del Sistema de Salud al momento de la constatación de lesiones en delitos de connotación sexual. Otro punto relevante, fue el perfeccionamiento de los mecanismos de alertas desde establecimientos de salud y educacionales, así como desde proyectos de la red proteccional con el objeto de evitar la duplicidad de denuncias. Esto último no sólo tiene por finalidad facilitar la investigación a cargo del Ministerio Público y las policías, sino que también obtener cifras fidedignas de la incidencia de este delito en el territorio, evitando además la revictimización y sobre-intervención de las niñas, niños y adolescentes afectados.
El Protocolo Investigativo Interinstitucional viene a complementar el trabajo que por más de dos años viene realizando la Comisión Coordinadora de Protección Regional.
Respecto de cómo se aborda este delito en la región y la atención que se le entrega a las víctimas, el director del Servicio de Protección Especializado Magallanes, Erick Amigo Palacios, señaló: “A través del Proyecto Especializado para la Reparación del Daño de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial o PEE de ONG Raíces, atendemos actualmente a 40 usuarios víctimas de este delito en toda la región. El foco de la intervención implica interrumpir la vulneración, para luego proceder a la integración familiar y social, fortaleciendo con ello la propia valoración y protección de la víctima. En esta línea, durante 2023 se han realizado 34 denuncias al Ministerio Público, y en dos denuncias anteriores se ha dictado sentencia condenatoria para los explotadores”.