Un estado de profunda alerta y absoluto repudio manifestaron los gremios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (Antrace y Afuse) junto a la ANEF Magallanes, luego de la grave agresión sufrida por una trabajadora al interior del centro de menores de Punta Arenas.
A través de un comunicado público respaldado por las organizaciones sindicales, la secretaria de Antrace Magallanes, Aracely Bruning, fue enfática al calificar lo sucedido: “Nuestra compañera no se encuentra en riesgo vital, pero debemos ser muy claros: fue un hecho de extrema gravedad que puso en riesgo su integridad y pudo haberle costado la vida”. Además, alertó que no se trata de un hecho aislado, sino del reflejo de un deterioro sistemático en el resguardo que también expone al personal de Gendarmería de Chile.
Alertas previas, falta de infraestructura y mayores de edad
Por su parte, la presidenta regional de la ANEF, Evelyn Córdova, denunció que existían advertencias previas que no fueron atendidas: “Este joven ya había amenazado a la funcionaria y a otros trabajadores. Cuando hay una amenaza, hay que poner alerta; la vida del funcionario no es un juego”, sostuvo, exigiendo la constitución de una mesa de trabajo con plazos concretos para garantizar la seguridad del personal.
Junto a las agresiones, las dirigencias visibilizaron severas falencias estructurales y de dotación. Según explicó Bruning, actualmente no existen espacios adecuados para albergar a adolescentes mujeres y el recinto alberga a jóvenes que ya cumplieron los 18 años debido a que la Sección Juvenil en la cárcel local no se encuentra habilitada, condición que podría sumar hasta cinco adultos dentro del centro de menores. Ante ello, exigieron mayor personal, radiocomunicaciones, telemedida de vigilancia y reparaciones urgentes.