“Es impresionante, aquí se han destinado más de 10 mil millones de pesos para más de 400 organizaciones sociales de todo tipo en los últimos dos años, y sobre las cuales no hay ninguna transparencia, pero la Contraloría solo investiga a dos, las mismas que denuncié hace meses”, nos dice el consejero regional Alejandro Riquelme, quien ayer se mostró decepcionado por la investigación llevada a cabo por el ente contralor en la Región de Magallanes tanto al Gobierno Regional como al Ministerio de Vivienda y de la cual este organismo dio cuenta a este jueves a una comisión especializada de la Cámara de Diputados.
Gobierno Regional
Riquelme critica que el informe de la Contraloría respecto del Gobierno Regional de Magallanes, constate solo irregularidades administrativas que ya eran conocidas desde julio de 2023: la improcedencia de entrega de iniciativas a las fundaciones Procultura y Hernando de Magallanes. “Muchas ya habían sido constatadas en su informe de investigación de octubre de 2022, pero en dicha fecha, no se pidió un sumario ni sanción alguna”.
La única novedad, ahora, es que a diferencia de lo obrado en 2022, este informe sí instruye sumarios administrativos.
Ministerio Vivienda
El consejero también cuestionó el informe de Contraloría referente al actuar del Ministerio de Vivienda en la Región de Magallanes. “En este caso, nuevamente, la Contraloría Regional le hace el quite a la fundación mas cuestionada: Procultura. No existe ninguna mención respecto al Programa Pequeñas Localidades, que ejecuta esa fundación en conjunto con la Municipalidad de Porvenir, que también fue puesto en conocimiento de dicha Contraloría hace cuatro meses, a través de una denuncia. Solo hace mención de los pequeños programas que si bien constatan serias irregularidades, omite investigar las transferencias a la cuestionada Fundación Procultura efectuada vía el Municipio de Porvenir”, declaró.
Graves irregularidades
El consejero regional denunció que el caso de la Fundación Hernando de Magallanes evidenció prácticas irregulares como sobreprecios y triangulaciones que podrían estar presentes en otros convenios con fundaciones.