“Creo
que llegamos, al menos, a dos importantes consensos en esta reunión con
la autoridad: primero, las empresas sólo deben cumplir con un 25 % de
integración (o uso) de mano de obra y recursos provenientes de Tierra
del Fuego y, segundo, que cumplidos los requisitos por las empresas, la
autoridad debe cancelar sin más la bonificación correspondiente y no
extender en forma injustificada y arbitraria el pago de estos
beneficios”.
Elgueta
sostuvo que las empresas de esta asociación tienen claro que las
bonificaciones no son un crédito, sino un beneficio cuyo pago debiera
realizarse sin más, una vez cumplidos los requisitos.
Destacó que ambas partes quedaron de acuerdo en mantener el diálogo por escrito para resolver finalmente, este problema.