El aislamiento geográfico y las largas distancias de la Región de Magallanes exigen respuestas inmediatas frente a las denuncias de violencia de género. Tras un despliegue de seis meses por las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza, la secretaria regional ministerial de la Mujer, Gabriela Sánchez, advirtió que la dispersión territorial acentúa el riesgo para las víctimas.
“En Magallanes, las distancias y el aislamiento de algunas localidades hacen especialmente necesario que las instituciones actúen de manera coordinada y a tiempo. Una mujer que denuncia debe encontrar un Estado que la proteja de manera oportuna y efectiva”, sostuvo la autoridad regional.
Refuerzo a las medidas cautelares
Sánchez destacó el proyecto de ley de Cautelares Reforzadas, presentado el 26 de agosto. La iniciativa busca evitar vacíos legales cuando una causa pasa del tribunal de familia al penal, además de sancionar el acoso digital y la destrucción de dispositivos de monitoreo.
La propuesta también faculta a inspectores municipales a colaborar en el control de las prohibiciones de acercamiento. Según la seremi, esta coordinación resulta clave fuera de los centros urbanos: “Una medida cautelar tiene que traducirse en protección real. Las mujeres y sus hijos no pueden quedar expuestos mientras las instituciones resuelven quién debe actuar”.
Bloqueo de pensiones a agresores
En la misma línea, la autoridad relevó la entrada en vigencia de la Ley N° 21.818 el pasado 1 de septiembre. La normativa impide que personas condenadas por femicidio, homicidio o delitos sexuales perciban la pensión de sobrevivencia de sus víctimas, obligando a los tribunales a notificar los fallos ejecutoriados en tres días a la Superintendencia de Pensiones para cortar el beneficio.