Fue el 22 de marzo de 2013 cuando surgió una situación en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que requirió el traslado urgente de un reo al Hospital Clínico de Magallanes.
Lo que sucedió fue que José Alejandro González Almonacid, quien se encontraba cumpliendo una condena, ingirió junto a otro interno líquidos diluyentes (“pájaro verde”), lo que le ocasionó una intoxicación que fue detectada por personal de Gendarmería alrededor de las dos de la madrugada del 23 de marzo de ese año.
Como es habitual, el sujeto recibió la primera atención por parte del personal penitenciario, para luego ser trasladado hasta el Hospital Clínico Magallanes. En el recinto de salud es atendido por la médico cirujano Yasna Navia Reinoso, quien se percató que el interno llegó con una posible intoxicación de diluyente, lo cual quedó reflejado en el dato de atención de urgencia.
Lo que se pudo comprobar tras varios meses de investigación y procesos judiciales, es que la doctora no aplicó los cuidados que indica la práctica de la lex artis, pues en este caso correspondía la hospitalización del interno para extraer el tóxico y neutralizar sus efectos metabólicos.
En cambio, la víctima regresó al recinto carcelario, pero a las pocas horas el condenado, comenzó a presentar dificultad respiratoria y espuma en la boca, ingresando con compromiso respiratorio al Hospital Clínico de Magallanes, donde falleció al momento en que era trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas, confirmándose como la causa de su deceso la intoxicación por el disolvente.
Proceso judicial
La médico fue formalizada y se logró un acuerdo reparatorio con la familia del reo fallecido. Sin embargo, todavía quedaba hacer responsables al Hospital Clínico de Magallanes por el trágico hecho, para lo cual, con el patrocinio del abogado Juan José Srdanovic Arcos, la familia presentó una demanda en contra del recinto de salud para recibir una indemnización de perjuicios.
“La parte civil siguió adelante, con una demanda. Finalmente, se ha decretado por parte del Tribunal una indemnización de $60 millones en primera instancia. Es un precedente relevante a lo que es la discriminación, ya que muchas personas sufren de aquello en el sistema hospitalario, cuando llegan al hospital a recibir atención médica”, dijo el abogado Juan José Srdanovic Arcos.