Hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas llegó el consejero regional Rodolfo Arecheta, junto al abogado Sebastián González, para querellarse contra el gobernador regional, Jorge Flies Añón.
La acción penal apunta a presuntas irregularidades en la compra de una residencia para el Servicio Mejor Niñez por cerca de $800 millones al juez tributario Sergio Vera.
El escrito formaliza cargos por negociación incompatible, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, esta última atribuida al uso de letrados del GORE para presentar acciones penales contra consejeros.
Al respecto, Arecheta argumentó que el dictamen adverso de Contraloría respalda la existencia de responsabilidades penales en una causa donde Flies ya figura formalmente como imputado, revelando además que la Fiscalía ya ejecutó medidas intrusivas como la incautación del teléfono de la autoridad.
Por su parte, el abogado Sebastián González confirmó que solicitarán peritajes, testimonios y registros de comunicaciones para pedir el desafuero del gobernador, buscando su posterior formalización y acusación, sin descartar ampliar los cargos por fraude al fisco.
Consultado sobre esta acción penal, el gobernador Jorge Flies desestimó las acusaciones, asegurando encontrarse muy tranquilo y confiado en tener resultados favorables en las próximas semanas.