La Contraloría General de la República emitió un contundente pronunciamiento tras constatar irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes, tras una investigación impulsada por el diputado Alejandro Riquelme.
El informe acreditó que el abogado del GORE, Marcos Loaiza Miranda, firmó la resolución que adjudicó una licitación a la firma Forestal Los Robles Ltda., cuyos socios corresponden al suegro y al cuñado de su hermana. Pese a la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, el profesional participó en la tramitación. Junto con ello, el ente contralor detectó un incumplimiento en las bases del concurso: la empresa obtuvo una prórroga de plazo del 71,43%, superando el límite máximo permitido del 25%.
Ante la gravedad de los hechos, Contraloría ordenó al GORE instruir un procedimiento disciplinario y ejecutar un examen de cuentas para auditar el impacto patrimonial. Asimismo, remitió la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales por negociación incompatible y tráfico de influencias. El parlamentario querellante criticó la falta de control interno y el rol fiscalizador del Consejo Regional, asegurando que fiscalizará las sanciones derivadas del caso.