El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra del exgerente general de una empresa de transportes y logística, quien fue formalizado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de estafa, tras ocasionar un perjuicio patrimonial de $16.065.000 a una compañía proveedora.
Según detalló en audiencia el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando la firma representada por el imputado emitió tres facturas electrónicas por servicios que ya habían sido cancelados. “Emitió las facturas por servicios que ya habían prestado y pagado, resultando improcedentes tales documentos tributarios, los cuales contienen la misma glosa”, sostuvo el representante del ente persecutor.
Cesión a factoring y cobro judicial
Pese a que la empresa proveedora advirtió de inmediato la irregularidad y solicitó la anulación de los documentos, las facturas fueron cedidas por el acusado a una empresa de factoring antes de que se ejerciera el reclamo formal. Posteriormente, la entidad financiera inició una acción judicial de cobro contra la firma afectada. Aunque en agosto de ese año se intentó revertir la operación con notas de crédito, la cobranza en tribunales ya se encontraba tramitada, consumando el daño económico.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y la parte querellante, fijando el arraigo nacional para el ejecutivo y un plazo de 70 días para la investigación. Asimismo, la magistratura agendó una audiencia para el próximo 9 de diciembre a las 09:30 horas, instancia en que se explorarán eventuales salidas alternativas al caso.