La
realización de fiestas clandestinas se ha hecho más común en todo el
país, pese a las medidas vigentes que han tomado las autoridades frente a
la pandemia por el brote masivo de Covid-19.
Ante
ello, Magallanes fue una de las primeras regiones en el país donde se
reportaron casos; durante este 2021 la cifra de detenidos por este tipo
de hechos es de 390 personas, lo que ha sido el resultado de 37 fiestas
clandestinas, según manifestó Pamela Flores, coordinadora regional de
Seguridad Pública, en entrevista con el matinal de Pingüino Multimedia.
“Son
encuentros sociales que generan un riesgo, porque no hay uso de
mascarillas y no hay medidas, por lo que se genera una propagación del
virus. Con estas fiscalizaciones se generó una mesa de trabajo, que en
primera instancia se preocupó de protocolizar estas fiscalizaciones, de
cómo íbamos actuar frente a una denuncia de fiesta clandestina, y desde
ahí se generó una amplia campaña de discusión de este trabajo, con
juntas de vecinos, porque en realidad los vecinos son los que más
sufren. Desde ahí hemos tenido una gran aceptación, pudiendo llegar a
muchas fiestas que se han realizado no solo en Punta Arenas, sino que en
Williams y Porvenir”, señaló Flores.
La
autoridad agregó que “desde enero hemos detectado 37 fiestas
clandestinas, donde hemos tenido más de 390 detenidos por infringir el
toque de queda, porque estas fiscalizaciones se generan posterior al
toque de queda, al inicio, y la otra por poner en riesgo la salud con la
comunidad. Se han tenido que doblegar las acciones, debido a que hubo
un tiempo en que se nos presentaban entre 20 y 25 llamadas en una noche
para denunciar fiestas clandestinas. Lamentablemente no podíamos llegar a
todas, por recursos por personal, por lo que lleva un tiempo en hacer trámites, para iniciar los sumarios, tomaba bastante tiempo”.
Para
finalizar, recordó que las personas que cometen este tipo de delitos no
solo se exponen a las penas que pueda pedir la Fiscalía, y las multas
que imparte Salud, sino que además sufren la suspensión del pase de
movilidad.
“Por
un lado está la sanción administrativa, que es la que aplica la Seremi
de Salud, donde se cursa un sumario sanitario y que obviamente tiene una
multa en dinero, y por otro lado está la vía legal, la vía penal,
debido a que estas personas están incumpliendo el toque de queda y
poniendo en riesgo la salud de las personas, por ende se comete un
delito. El sumario sanitario se cursa a todas las personas que están
participando de esta reunión social, donde además desde el 14 de julio,
además de existir la sanción en dinero, está la suspensión del pase de movilidad”, concluyó.