En la actividad explicaron a más de 40 asistentes, funcionarios y profesionales, la importancia de esta nueva norma de integración laboral de personas con discapacidad a nivel nacional, la cual obliga a las empresas del sector público y privado de la región y que tengan más de 100 trabajadores, a incorporar un mínimo de 1% de personas con discapacidad al trabajo, lo que en Magallanes se traduciría en un total de 800 empleadores.
El seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa, explicó que “esto significa que las personas con discapacidad vayan incorporándose al trabajo y que en la región se pueda lograr una labor más estrecha con el sector público y privado”.
Al ser consultado sobre aquellos empleadores que no logren esta cuota, Abarzúa afirmó que “donde no se pueda hacer, ya sea por la naturaleza de los servicios o porque no hay personas disponibles para cumplir con esto, se establecen dos medidas alternativas: las empresas pueden hacer donaciones a instituciones, corporaciones o fundaciones que se dediquen a la rehabilitación, inclusión o incorporación de personas con discapacidad o a través de terceras empresas que contraten a personas con discapacidad”.