A
dos días de asumir como Presidente de la República, Gabriel Boric
debió designar a cuatro nuevos delegados presidenciales provinciales,
debido a que los que se habían nombrado anteriormente desistieron de
asumir o fueron criticados por diversos temas.
Las provincias en las cuales tuvieron que cambiar son Maipo, Biobío, Arauco y Última Esperanza.
En
esta última provincia, que pertenece a la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, Juan Díaz Bahamonde había sido designado hace solo
una semana, pero fue fuertemente criticado por agrupaciones feminista de
Puerto Natales, quienes mediante un comunicado señalaron que “Santiago
no es Chile y Punta Arenas no es Magallanes”,
En
dicho comunicado manifestaban que el nombramiento del delegado
presidencial provincial de Última Esperanza del Gobierno de Gabriel
Boric lo rechazaban tajantemente y lo catalogaron de un insulto y una
falta a las promesas de descentralizar el poder. En el escrito, el
movimiento expresó que “la primera variante a considerar en la
aplicación de descentralización del poder es que quien sea designado
habite en el territorio. Es importante que la persona designada sea
parte de la comunidad y conozca nuestra realidad, vecindarios y
problemáticas, reconociendo nuestro constante movimiento y
diversidades”.
Dicha
mirada al nombramiento estaría asociada a que, al tratarse de una
persona que no pertenezca y no viva en la zona, “nos observará como
meros objetos de los que no se considera parte, perpetuando así una
ejecución patriarcal del poder”, señalaron.
Dichas
críticas habrían llegado al Presidente electo, junto a la de los otros
tres delegados designados, y es por aquello que finalmente deciden
nombrar nuevos delegados provinciales.
En Última Esperanza se nombró a Romina Álvarez, militante del Partido Radical.
Álvarez
es sicóloga con amplia experiencia en el sector público. Se ha
desempeñado en programas de apoyo sicosocial del Ministerio de
Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Mujer (hoy Ministerio de
la Mujer y Equidad de Género), vinculados a la Gobernación Regional de
Puerto Natales y la Municipalidad de Punta Arenas.