La
Residencia de Vida Adolescente (RVA) de Punta Arenas comenzó sus funciones a
fines de octubre. Dependiente del Servicio Mejor Niñez –ex Sename– y ejecutado
por el Servicio de Salud de Magallanes, el hogar se creó con el enfoque a
menores vulnerados en sus derechos y con patologías de salud mental.
Sin
embargo, el proyecto de salud mental aún no se implementa. Los representantes
legales de los seis adolescentes ingresados en la residencia decidieron
interponer un recurso de protección porque los organismos “no están
respondiendo a las responsabilidades de garantizar la protección y a resguardar
el daño sufrido en estos adolescentes”.
“Adolescentes
en plena incertidumbre”
De
acuerdo con el recurso, los menores que viven en el la residencia padecen de
trastornos que, sumado a sus historias de vida, “requieren de forma urgente de
profesionales especializados y con experiencia en el área de protección y de
salud mental”.
Casi
dos meses después de su implementación, el proyecto de salud mental que deben
recibir los menores aún no se ejecuta. Aunque se encontraría postergado hasta
el 2022, los patrocinantes del recurso indican que el adosado podría no ver
luz.
“Desde
la misma RVA y el SSM se ha señalado que no se iniciará el proyecto. Muy por el
contrario, considerando que no se han cumplido los términos acordados se pondrá
término unilateral al proyecto el próximo 1 de enero, dejando a seis
adolescentes en plena incertidumbre respecto a su situación proteccional”, dice
el recurso patrocinado por el Programa Mi Abogado.
Renuncias
conjuntas
Desde
que inició sus funciones, la RVA Punta Arenas ha tenido problemas en su
dotación. La primera directora renunció a menos de un mes de asumir su cargo.
Según los abogados de los menores, sus profesionales “no cuentan con
especialización ni tampoco capacitaciones en el área de salud mental, acorde a
las patologías de los adolescentes por los cuales se recurre”.
Los
funcionarios enviaron una carta al Servicio de Salud para pedir mejoras en sus
condiciones laborales, otorgando como plazo máximo este viernes para que se
implementen sus exigencias. En caso contrario amenazan con renunciar. De
acuerdo al recurso, “dejan a la deriva a adolescentes que por mandato judicial
se encuentran ingresados”.
A la
Corte
Los
abogados solicitan que Mejor Niñez y el Servicio de Salud cumplan con la
implementación completa de la residencia, incorporando el programa de salud
mental y a profesionales idóneos. Para ello, pide que entreguen un informe a la
Corte de Apelaciones de Punta Arenas donde se precise el proceso de licitación
entre los dos organismos y la situación actual de la residencia.
Mejor
Niñez no quiso participar de la nota por tratarse de una causa en curso. Sin
embargo, indicaron que haber la contestación y aportarán los antecedentes
pertinentes al tribunal de alzada.