La
consejera regional Roxana Gallardo afirmó ayer que “si un grupo de
consejeros cree que lo que he dicho es manipulación política, entonces
es que no entienden nada, porque este reglamento lo que va a hacer es
excluir a miles de familias de Magallanes de la posibilidad de contar
con una casa propia”.
En
este sentido, la consejera regional y exdirigenta habitacional fue
enfática en afirmar que de mantenerse el reglamento en los términos
actuales, “lo que se hará es generar un daño tremendo a las familias de
clase media de Magallanes”.
Ello
porque el reglamento solo permite que un 10% de todos los integrantes
de un comité de vivienda, puedan tener puntajes superiores al 40% de
Registro Social de Hogares (RSH) y ser personas solas que no conforman
un grupo familiar.
Gallardo
detalló el impacto que representará esta determinación. “Para tener un
40% de RSH tienes que estar viviendo en un campamento o una vivienda que
no tenga alcantarillado, es decir, condiciones que casi no se dan en
Magallanes. Si tienes un matrimonio donde ambos ganan el sueldo mínimo,
quedan fuera del beneficio”.
Gallardo
sostiene que, aunque se diga que para la clase media hay otros
instrumentos como el DS 01 y el DS 19, “esos programas requieren de un
crédito hipotecario y son muchas las personas de clase media que nunca
podrán acceder a un crédito hipotecario, porque tienen trabajos
temporales y, en cambio, son clasificados como de clase media por la
ficha de protección social”.
Focalización cuestionada
Gallardo
acusa que se busca volver a políticas focalizadas a comités conformados
casi únicamente por las personas más vulnerables.
Gallardo
considera que ese enfoque fracasó y por ello se lo reemplazó por
políticas habitacionales de integración social. “Todos sabemos a lo que
nos llevaron
esas políticas focalizadas y la segregación que generaron en la
población, a nivel nacional. Hace años en Magallanes, cuando se intentó
aplicar estas políticas de focalización resultó que por los sueldos que
existen en la región, todo el mundo quedaba fuera”.
Integración
Gallardo
sostuvo que para gran parte de la clase media en Magallanes, incapaz de
acudir a un crédito hipotecario y la posibilidad de sumarse a un comité
de vivienda fue la única opción por años. “En todo el país, se permite
que el 30% de los integrantes de un comité de vivienda sean personas por
sobre el 40% de RSH, como parte de las políticas de integración en las
que llevamos ya varios años y han sido un éxito”, dice Gallardo, quien
enfatiza que gracias a ello fue posible que muchas personas pudieran
acceder al sueño de la casa propia en Magallanes, a pesar de todas las
limitaciones.
Ahora,
con este nuevo reglamento, sostiene: “Ese porcentaje se rebaja de un 30
a un 10 por ciento y donde vamos a tener que reservarlo únicamente a
las personas solas con discapacidad, que tengan registro Conadi y, por
lo tanto, la ley les permite postular solas y a los adultos mayores
viudos y viudas”.
-Se ha dicho que la autoridad puede otorgar excepciones en casos fundados…
“Así
es, pero no se da ningún criterio para eso, lo que abre un tremendo
espacio para que sea la autoridad de turno la que decida a quién le
otorga el beneficio y a quién, no”.
Gallardo
recordó en este sentido el llamado del consejero regional (PC), Juan
Vukusich, quien instó a avanzar en un reglamento con mayor consenso
entre los consejeros, dada la importancia y complejidad de la materia y
para evitar problemas como los ocurridos con otras decisiones del
Consejo Regional, donde se hizo oídos sordos a las objeciones con graves
resultados. “Creo que él tenía razón, aquí se aprobó un reglamento
lleno de deficiencias, solo para marcar un punto político y no se trata
de eso”.
Graves abusos
Uno
de los puntos más importantes destacados por los consejeros regionales
que apoyaron la dictación del nuevo reglemento de vivienda es que
obedece, precisamente, al pedido de las organizaciones sociales, quienes
por años han solicitado perfeccionar la asignación de estos beneficios,
incluso llegando el Gobierno Regional a presentar acciones legales ante
la Fiscalía en diciembre de 2021. “Es el Ministerio de Vivienda el que
debe realizar esta fiscalización y quien tiene las herramientas para
decidir quién reúne y quién no los requisitos sociales para recibir este
beneficio”, respondió Gallardo.