La educación pública chilena volvió a entrar en estado de alerta tras el categórico rechazo de la directiva nacional y regional del Colegio de Profesoras y Profesores a una reciente circular emitida por la Dirección de Educación Pública (DEP). El documento, enviado a los directores de los establecimientos bajo la administración de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), instruye la fusión de cursos y el ajuste de plantas docentes mediante la eliminación de 66.570 horas semanales a fin de encuadrarse en la Ley de Presupuestos.
Desde la directiva nacional, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, manifestó la profunda preocupación del gremio ante estas medidas de ajuste presupuestario. “Nosotros estamos alarmados con esa circular de la DEP”, sostuvo el dirigente, cuestionando severamente la unificación de aulas. “Fusionar cursos, cuando la tendencia en todo el mundo es que los cursos tienen que tener menos estudiantes en la sala de clase, nos parece gravísimo”, afirmó Aguilar, quien no descartó convocar a movilizaciones si se insiste en avanzar con propuestas que precaricen la educación del país.
Reacciones desde la Región de Magallanes
El impacto de la medida generó inmediatas repercusiones en el extremo sur. La presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, instó a las autoridades educativas y al Ministerio de Hacienda a no aplicar criterios homogenizantes y a evaluar la realidad particular de cada comunidad escolar.
“Cualquier decisión de ese tipo tiene que estar basada primero en criterios pedagógicos y en el bienestar de los estudiantes y no solamente en una necesidad de ajuste presupuestario”, enfatizó Aguilante. La dirigenta gremial insistió en que no se puede actuar como si todos los establecimientos tuvieran el mismo contexto, requiriéndose considerar la matrícula, la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales, las variables territoriales y las condiciones de trabajo docente.
Respecto a los recortes de carga horaria, la representante regional advirtió que si bien entienden la necesidad de una administración responsable de los recursos públicos, esto no puede traducirse en un deterioro de la enseñanza ni en precarización laboral. “No podemos solucionar un problema administrativo generando otro problema laboral o dejando horas docentes sin una planificación adecuada”, concluyó.