En Punta Arenas, donde la distancia geográfica convierte a los servicios del Estado en el soporte indispensable de la vida cotidiana, el debate fiscal dejó de ser una discusión contable para instalarse en la calle. Este miércoles 18 de noviembre, dirigentes sindicales y representantes de diversas agrupaciones sociales acudieron al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y respaldar la exigencia de un reajuste remuneracional del 6,5% para los funcionarios públicos.
Lejos de buscar una marcha multitudinaria —acotada deliberadamente a liderazgos gremiales ante las dificultades horarias que enfrentan los trabajadores para abandonar sus puestos—, la jornada tuvo como propósito fijar una postura firme frente al ajuste presupuestario proyectado para el próximo año. Juan Igor, presidente de la CUT, explicó que en la mesa de condiciones laborales del sector público ya se presentó la solicitud de un 6,5%, con la expectativa de que la negociación supere el 3,8% y no sea inferior a lo alcanzado el año anterior.
Sin embargo, el dirigente observó con desconfianza la disposición del Ejecutivo, al que calificó como adverso a los lineamientos de la multisindical. “Estamos frente a un gobierno que escucha, pero solo por escuchar; no lleva a la práctica lo que escucha y dice que va a hacer una cosa y hace otra”, cuestionó Igor. El timonel sindical advirtió además que, incluso si existiera un compromiso verbal por el 6,5%, la verdadera magnitud de los recursos solo quedará clara al promulgarse la ley.
Educación y vivienda en la mira
Para la dirigencia magallánica, las reducciones presupuestarias golpearán directamente los derechos sociales de la ciudadanía en áreas sensibles como cultura, ciencia, vivienda y educación. En el ámbito habitacional, Igor denunció la eliminación de gran parte del Decreto Supremo 49 (DS 49), un recorte que impedirá postular o acceder a subsidios durante el próximo período y postergará el acceso a la casa propia para cientos de familias.
En paralelo, alertó que la contracción de recursos en educación derivará en despidos de profesores y en la fusión de establecimientos o cursos. Aunque precisó que en la Región de Magallanes aún no existe claridad sobre eventuales fusiones de colegios, aseguró que sí se proyecta un retroceso en las aulas, pasando de cursos de 25 o 30 estudiantes a salas de 40 o 42 alumnos como ocurría en el pasado. “Lo que se está buscando es atomizar nuevamente las aulas para que el sistema educativo público falle y después puedan decir: ‘Es un sistema malo, por lo tanto hay que privatizarlo, hay que entregarlo a los amigos financistas'”, sentenció el presidente de la CUT.
Salud pública con brecha operacional
La inquietud por el desfinanciamiento estatal adquiere una dimensión crítica en la red asistencial austral. Ana Santana Teca, secretaria de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) Magallanes y secretaria provincial de la CUT, advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 —actualmente en trámite— es insuficiente para cubrir la operación completa del próximo año. Según detalló, el erario se calculó sobre una base inicial que omitió las suplementaciones presupuestarias que debieron inyectarse durante el ejercicio en curso.
De acuerdo con un análisis técnico que Fenpruss expuso ante parlamentarios y autoridades ministeriales, el Subtítulo 22 —partida que financia la operación de la actividad asistencial, insumos y fármacos— presenta un déficit estimado del 25,1% para 2027. Santana puntualizó que esta estrechez afectará tanto a la atención primaria como a la secundaria. Si bien reconoció que el escenario incidirá en las remuneraciones de los funcionarios, recalcó que el mayor perjuicio recaerá “principalmente en la calidad de los servicios y de la atención que se le presta a la comunidad”.
Mientras el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 continúa su tramitación legislativa, los gremios de Magallanes anticipan un escenario de vigilancia y movilización sostenida. Tanto la CUT como Fenpruss ratificaron que darán la pelea en defensa del financiamiento público, buscando impedir que el ajuste fiscal termine estrechando la cobertura sanitaria, la educación pública y el acceso a la vivienda en el extremo austral.