Tras la propuesta hecha por las autoridades académicas a los estudiantes en “toma” de la Universidad de Magallanes (UMAG), en donde establecían un plazo de 72 para deponer la ocupación de las dependencias del recinto, para así poder conversar con los alumnos sobre la recalendarización de actividades, el Consejo Estudiantil envío un comunicado rechazando este plazo, ya que según los estudiantes, esto no se condice con los plazos establecidos en el estatuto de la universidad para poder convocar a un Pleno Estudiantil.
Los alumnos movilizados aseguraron que para tomar una decisión así necesitan realizar asambleas por cada carrera, basándose en el Artículo 48 del estatuto de la casa de estudios superiores, que explica: “Tiene derecho a voto cada carrera a través de uno de sus miembros. Esta persona quedará sujeta a la libre elección de dicho órgano. Entendiendo que dicha persona, responsable de llevar el voto, deberá ser respaldada formalmente por su asamblea de carrera”.
Ante esto, el Consejo Estudiantil declaró que “con la cantidad de carreras movilizadas, se nos imposibilita en demasía poder llevar a cabo esta instancia de organización estudiantil en el periodo que se nos exige”.
Agregaron que, así como las autoridades estudiantiles exigen la baja de la “toma”, a ellos no se les ha explicado la tardanza en el cumplimiento del petitorio presentado el 2016.
Recurso judicial
En tanto, los miembros del Consejo Académico de la UMAG le solicitaron al rector Juan Oyarzo presentar un recurso de protección ante posibles daños en la infraestructura del recinto, luego de que se realizara un evento musical en el interior del campus central.
En el recurso presentado por Oyarzo se expresa que “nos preocupa los daños que se puedan ocasionar en las dependencias universitarias, ya que de mantenerse esta “toma”, podrían ser cuantiosos y de envergadura para nuestro patrimonio. Existen antecedentes de daños ocurridos en otros años producidos por movilizaciones similares, y es mi deber como representante de la Universidad de Magallanes, el tener que cautelar los bienes muebles e inmuebles, ante la radicalización de las medidas adoptadas por el CE (Consejo de Estudiantes) y un grupo minoritario de alumnos”, explica el documento.
También se solicitó en el recurso la autorización de vigilancia policial preventiva en las afueras del recinto. No obstante, sólo un magistrado estuvo de acuerdo con esa medida.