El fallo se dio a
conocer hace una semana y tuvo el mismo efecto que una bomba racimo caída sobre
la gestión la actual administración del municipio de Punta Arenas. Y es que la
sentencia firmada por la jueza del Trabajo Claudia Ortiz, tuvo repercusiones
inmediatas y otras que se gestarán por estos días. En ella, se dio la razón al
profesor demócrata cristiano Mario Rivera Araya, quien denunció ante los
tribunales del trabajo acoso laboral y persecución política.
La jueza Ortiz
consideró que lo ventilado en instancia judicial fue lo suficientemente
contundente como para fallar en contra de la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa) y asignarle el pago de 4 millones de pesos por daño moral a
favor del docente que tiene una trayectoria de 30 años.
El conflicto data
de finales de la gestión del ex alcalde Vladimiro Mimica, cuando Rivera no es
designado a uno de los cargos dispuestos en concurso público de directores,
debiendo dejar su puesto al mando de la Escuela Manuel Bulnes. Es entonces, que
el edil lo asigna al cargo de inspector general del Liceo Bicentenario,
nombramiento que transcurre sin contratiempos hasta la llegada del actual
alcalde Emilio Boccazzi, donde ocurren los hechos denunciados.
Los puntos
fundamentales de esta causa hacen de su sentencia un fallo histórico desde la
creación de la Cormupa en el año 1981, porque nunca se había evacuado una
sentencia por vulneración de derechos fundamentales, y menos se acreditó, como
se hizo ahora, una persecución política en contra de un profesor en tiempos de
democracia.
De la fase
testimonial, surgió el relato del ex secretario general de Cormupa, el abogado
Hermes Hein: “No podía tener funciones relevantes de carácter directivo,
debiendo ser incorporado a las funciones de apoyo a la inspectoría general, ya
que había apoyado la candidatura a alcalde del señor (Juan) Morano. Dicha
declaración impresiona como veraz, pues el testigo dio razón de sus dichos por haberlos
presenciado directamente y se trata de una prueba no contradicha por otra”,
reproduce textualmente la magistrada.
En la
intervención, se sindica al ex asesor del alcalde Boccazzi, Domingo Rubilar
“presionando” para minimizar las funciones de Rivera Araya, por no ser parte
“de la tienda política” del personero del PPD, sostiene el abogado defensor del
docente, Luis Díaz.