Siguen las revelaciones en torno a la tan cuestionada Ley de Pesca.
Ayer, el sitio Web Ciper Chile dio a conocer más antecedentes acerca de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en torno a los presuntos delitos de cohecho y soborno.
En este caso, la investigación de la Fiscalía reveló el pago de una serie de boletas por parte de la empresa Lota Protein a los asesores del senador Carlos Bianchi: Manuel José Benítez y Claudio Barrientos, durante el año 2013, en fecha posterior a la promulgación de la Ley de Pesca (2012) y meses previos al inicio de la campaña parlamentaria.
Boletas
En la carpeta investigativa dada a conocer ayer, constan tres boletas. Dos de ellas fueron emitidas por Claudio Barrientos Mol el 27 de marzo y el 15 de julio de 2013, por un valor total de 11 millones 100 mil pesos. La tercera corresponde a Manuel José Benítez Gibbons por un valor de 6 millones 600 mil pesos.
En las fechas mencionadas y hasta ahora, ambos consultores asesoraban al senador Carlos Bianchi Chelech, quien durante toda la tramitación de la ley se mostró abiertamente contrario a la aprobación de la Ley de Pesca, posición que era la promovida por la empresa Lota Protein que postulaba la incorporación de un mecanismo de licitación, el cual finalmente no fue incorporado.
Todas estas boletas se suman a otras emitidas por las empresas Lota Protein, Blumar y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío, Asipes, por un valor de 445 millones de pesos.
El hilo conductor de estos hechos fue la tortuosa tramitación de la Ley de Pesca, la cual enfrentó a la industria pesquera en torno a dos posiciones muy diferentes. Por un lado, la de mantener en términos generales la situación existente hasta entonces, otorgando una mayor cantidad de participación a la industria artesanal. Tal era la posición de Asipes, organización gremial que hoy está siendo investigada por una serie de correos y pagos hechos a parlamentarios y autoridades de la época.
En el otro bando, se encontraba Lota Protein, favorable a modificar radicalmente la legislación vigente de la época incorporando un mecanismo de licitación.
La investigación del Ministerio Público apunta a establecer, si se produjeron pagos o sobornos a funcionarios públicos, probablemente a través de facturas o boletas falsas, para proteger los intereses de las distintas empresas en pugna.