Un
total de 600 asistentes de la educación dieron comienzo a un proceso
judicial, demandando al Estado y la Corporación Municipal de Punta
Arenas (Cormupa) ante el Juzgado del Trabajo, por $12 mil millones ($20
millones cada uno), por vulneración de derechos fundamentales.
Según
explicó el abogado Pedro Venegas, la razón de la demanda es porque la
Cormupa no ha pagado las cotizaciones previsionales y créditos
personales de sus empleados, a pesar de que se han hecho los descuentos
correspondientes. Por lo mismo, recalcó que la situación ya llegó al
límite. “Esta problemática nunca se ha resuelto
y esto es una crítica directa a la actual administración, porque están
jugando con el patrimonio de todos sus trabajadores. Hacen los
descuentos, pero no pagan a las entidades correspondientes y eso ha
hecho que más de 1.500 asistentes de la educación estén en Dicom. La
demanda se hizo al Juzgado del Trabajo por vulneración de derechos
fundamentales, solicitando una indemnización por daño moral a favor de
todas estas personas”, comentó el profesional.
Venegas
también precisó que el Estado está incluido en la demanda, ya que estos
son quienes deben garantizar la educación en Chile, por lo que
funcionando como empresa mandante, a través de las corporaciones
aseguran este derecho. Sin embargo, con este problema se condiciona este
aspecto.
La demanda ya fue hecha y quedará por ver los cursos de acción que tomará la Municipalidad de Punta Arenas, ya que la Cormupa es dependiente de ella.