“Aunque no tiene las características de un asesinato, ellos tienen que pagar por su negligencia”

Un
año y nueve meses se cumplieron desde que ocurriera el trágico desplome
de un escenario dispuesto para la celebración del solsticio de verano
de 2018, evento organizado por el municipio de Punta Arenas y que dejó a
10 personas con diversas lesiones, siendo la más grave la sufrida por
la señora Marlene Marimán García, quien resultó con múltiples fracturas
que terminaron por originar un grave problema respiratorio, y
lamentablemente perder la vida en febrero del año pasado.

Durante
todo este tiempo, sus familiares encabezados por Lorena Rivera, cuñada
de la víctima, han hecho todo lo posible para que se esclarezcan las
responsabilidades penales de este hecho, interponiendo una querella
criminal con el objetivo de que el Ministerio Público instruya
investigar las eventuales negligencias que pudieron ocasionar este
accidente.

“Mi
hermano y sus hijas han estado bastante mal, obviamente que la
contingencia social y el encierro no ayuda más, el estar esperando
fechas de los tribunales que se cambian una y otra vez, y es una batalla
que no será fácil, pero mi hermano y sus hijas están con plena
convicción de hacerlo hasta el final. Éste ha sido un proceso que se ha
ido suspendiendo hasta que por fin hoy (ayer) tuvimos la formalización, y
ya que fue recibida la causa de buena forma, nos da pie para continuar
con acciones civiles”, reveló.

 

Formalización

Precisamente,
ayer el fiscal Sebastián González le comunicó a José Luis Almonacid
Aguilar, encargado de la Unidad de Eventos del municipio, que se abría
una investigación en su contra por su presunta autoría en el cuasidelito
de homicidio.

El
hecho aconteció la tarde del 21 de diciembre de 2018, cuando la
estructura fue levantada en el sector costero frente a la Plaza Quinto
Centenario donde ese día se presentaba el grupo musical “Santa Feria”,
espectáculo que congregó a cerca de 5 mil personas.

“Él
instruyó personalmente el armado de los andamios, haciendo caso omiso a
la reglamentación básica en normas de seguridad. Además, colaboró en la
construcción, él mismo armó estos andamios de manera deficiente, no
respetando la normativa”, detalló el persecutor.

En el mismo
ilícito también es imputado Ítalo Bravo Pozo, técnico en prevención de
riesgos contratado para dicho evento, quien no compareció a la audiencia
al no estar notificado. Su formalización será el próximo 15 de
diciembre.

“Él
también negligentemente no verificó las condiciones mínimas de
seguridad en lo que se refiere a la construcción de los andamios, y no
realizó ningún tipo de observación a los organizadores”, acotó.

Finalmente,
el magistrado Franco Reyes decretó para Almonacid el arraigo nacional y
la firma mensual, fijando 120 días para el cierre de la investigación.

Tras
la audiencia, la cuñada de la víctima se manifestó conforme, señalando
que “si bien fue una negligencia y un error que trajo consecuencias
fatales, aunque no tiene las características de un asesinato, ellos
tienen que pagar por su negligencia”.

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