Lamentos
y rechazo generó la situación publicada por Diario El Pingüino este
lunes, tras darse a conocer el caso de ocho haitianos que trabajaban
bajo precarias normas de seguridad y donde se les pasaron a llevar en
más de una circunstancia sus derechos laborales.
Nicolás
Cogler, intendente (s) de la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena, condenó estos hechos y comentó que todo el rigor de la ley
pesará sobre quienes resulten responsables de este y otros casos que se
comiencen a dar a conocer en la zona.
“Son
situaciones que no se pueden dar por ningún motivo y vamos a exigir la
mayor rigurosidad de la ley ante este tipo de casos. No puede ocurrir
que en el siglo XXI tengamos este tipo de condiciones laborales.
Abusando, además, de esta condición especial en la que viven los
extranjeros, justamente cuando vienen buscando nuevos horizontes.
Independiente del color de piel, del origen desde donde provengan, que
sean más humildes o tengan más información o el que tenga mayor
educación, hoy no pueden existir personas que abusen de eso para poder
obtener más recursos. Porque ahí lo que estaban haciendo era evitar
leyes sociales, evitando pagar una buena cama, evitando pagar a un
chileno que le costaría más caro, porque eso es lo que estaban haciendo.
Y ante eso nosotros no nos podemos quedar indiferentes”, dijo.
Incluso,
agregó que “como gobierno vamos a exigir que caiga todo el peso de la
ley a ese tipo de empleadores que hoy, en pleno siglo XXI, no pueden
existir. Y si esa persona es chilena le va a tener que decir a la
Justicia cómo hizo que llegaran personas a vivir en esas condiciones,
porque esto no es tolerable”.
En
tanto, la gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ana Mayorga,
también se refirió a este hecho y anunció que ya se está trabajando
para dialogar con los extranjeros, que en este proceso regulatorio que
comenzó en abril, ya lleva a más de 1.900 personas inscritas.
“Esta
Gobernación lamenta con ellos la situación, pero también con ellos se
hace general el hecho de que aquí la vulneración de derechos puede pasar
por personas extranjeras que ingresan a nuestro país, pero también por
compatriotas de nuestro mismo territorio, que pueden estar sufriendo
algún tipo de denostación, maltrato o que sus derechos no sean claros a
la hora de ser contratados”, afirmó.