Una
querella criminal en contra de quienes resulten responsables presentó
el Banco Santander para que se investiguen presuntas irregularidades en
la obtención de créditos de diferentes clientes con datos falsos.
En
representación de la entidad bancaria, el abogado Eugenio Labarca
Birke, presentó la acción judicial en el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, la cual pretende que se envíe orden de investigar a la Brigada
de Delitos Económicos de la PDI u otra policía que determine el fiscal a
cargo de la investigación.
En
particular, se solicita se realicen diligencias para verificar las
relaciones existentes entre las solicitantes de créditos y la
efectividad de los antecedentes presentados a los ejecutivos, indagando
también su posible responsabilidad. Además, que se cite a declarar a
todos los solicitantes de crédito que aparecen nombrados en la querella,
como asimismo a los ejecutivos y demás funcionarios de Banco Santander
Chile que participaron en su otorgamiento.
Querella
De
acuerdo con los hechos mencionados en la acción judicial, se indica que
durante el mes de enero de 2017, el Banco Santander recibió
información, en el sentido que en las diferentes sucursales de la ciudad
de Punta Arenas se estarían cometiendo irregularidades en el
otorgamiento de créditos.
Es
así que se realizó una revisión interna de distintos clientes de la
zona, en la cual se logró determinar que varios de ellos, personas
naturales y jurídicas, habrían presentado documentación adulterada o
antecedentes falsos para el otorgamiento de sus créditos.
Los
clientes que aparecerían con documentación inconsistente es la
inmobiliaria Los Flamencos, atendida originalmente por el ejecutivo
M.E.G. quien renunció en septiembre de 2016. La sociedad fue constituida
en febrero de 2016 por tres socios. Con fecha 17 de marzo de 2016, 15
días después de su inicio de actividades, se le otorga en Banco
Santander un plan de cuenta corriente que lleva asociada una línea de
crédito y una tarjeta de crédito por $ 1.500.000 cada uno. Una semana después, el 24 de marzo de 2016, se le otorga un crédito por
$
970.000.000 con la finalidad de comprar un terreno para loteo y venta.
Esta transacción fue aprobada por el jefe de Riesgos de la Sucursal
C.G.F. siendo que, de acuerdo con la política del Banco para clientes
Pyme, carece de facultades para ello.
Al
momento de solicitarse la carpeta crediticia por parte de los analistas
de fraude internos de Banco Santander, se informa desde la sucursal que
el expediente de inmobiliaria Los Flamencos no existe en la sucursal,
ya que el ex jefe de Riesgos de la sucursal C.O. se lo habría llevado y
que tendrían que reconstituir la carpeta. Dentro de esa carpeta se
encuentran, para la misma propuesta de crédito, dos resoluciones
diferentes, Además, se encuentran dos tasaciones respecto del terreno
cuya compra estaba financiando Banco Santander. La primera, realizada
con fecha 22 de febrero de 2016 en que se señalaba como avalúo fiscal de
la propiedad la suma de $ 455.000.000, señalando que el bien raíz es un
sitio urbano, sujeto a expropiación, con un valor comercial de 77.167
UF2. La segunda con fecha 27 de diciembre de 2016, 10 meses después,
señalando que el avalúo fiscal es de $
465.000.000, que el bien raíz es un sitio eriazo (no urbano como se
señaló con anterioridad), que no se encuentra sujeto a expropiación y
cuyo valor comercial ascendió a la suma de 96.332 UF. Además, señala
dentro de las notas que el plano regulador se encuentra en proceso de
modificación, por lo que se recomienda reevaluar la tasación una vez
aprobado y publicado el nuevo plan.
A
raíz de estos antecedentes falsos, se le otorga a la inmobiliaria Los
Flamencos un crédito hipotecario para la compra del inmueble ya
individualizado por un monto de $ 970.000.000.
La deuda total a la fecha, asociada al grupo Los Flamencos y sus relacionados asciende a $ 2.349.323.000.
De
todos los hechos los tres socios, la dueña de la inmobiliaria, la
corredora de propiedades y el aval, dueño de otra inmobiliaria, se puede
señalar que existe relación y se advierte un aumento artificial de
rentas, disminución de valores de tasaciones y falta de antecedentes
para evaluación crediticia, mediante declaración de ingresos
inexistentes, irregulares o falsos, que no son acreditables, existiendo
información que derechamente no se aportó o ésta fue deliberadamente
eliminada.
Con
estos antecedentes, la parte querellante busca que se investigue a los
involucrados como autores en el delito contemplado en la ley general de
Bancos.