Ya han pasado cuatro días desde que el municipio de Punta Arenas recibió el informe emanado desde la Unidad de Control del municipio en el cual se indica que el contrato directo realizado hace unas semanas con la empresa recolectora de residuos domiciliario Servitrans, sería ilegal, debido a que no cumple con la normativa de municipalidades, ya que el monto permitido para este tipo de contrato sería menor al pactado al igual que la cantidad de meses con la que se ha realizado la prórroga.
La ley de municipalidades indica que un contrato directo sólo se debe realizar en casos de excepciones y siempre cuando no existan oferentes, sin embargo en la fallida licitación de la basura se pudo apreciar a un total de tres oferentes, y que sin embargo el Concejo Municipal rechazó el otorgarle la licitación a la que había obtenido el más alto porcentaje debido a que según el criterio de la mayoría de los concejales desde un principio la licitación fue mal estructurada y dirigida hacia un único oferente.
Frente a esto según indican desde la Unidad de Control, lo que se debió haber realizado fue inmediatamente una nueva licitación y haber conversado con los tres oferentes para realizar el contrato directo con la empresa que ofreciera su servicio por el plazo que estimen conveniente, sin embargo en el caso mencionado simplemente se le otorgó a una de las empresa que participó del proceso de licitación y la cual es la que mantiene el contrató vigente.
Sin embargo, el alcalde Emilio Boccazzi fundó su actuación en el artículo 10, N°7 letra F de la Ley 19.886, donde establece las condiciones para otorgar el contrato directo: “Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza”.
Frente a lo cual el edil mantendría el actual contrato vigente, haciendo caso omiso al informe de la Unidad de Control.
Por su parte, la directora de la Unidad de Control, Rita Vrsalovic, no quiso entregar mayores detalles, y sólo dijo que “nosotros como unidad al igual que cualquier otra dirección del municipio es entregarle un informe del alcalde y el verá si toma las sugerencias o no. Lo que se hace con el informe es simplemente que de haber cualquier irregularidad la culpa recaerá en el alcalde y no en nosotros”.
De esa manera, Vrsalovic dejó de manifiesto que lo que ellos realizan es simplemente entregar unas sugerencias con lo que ellos encuentran que está mal.
Frente a lo sucedido, el consejero Roberto Sahr manifestó que “en esta administración parece normal hacer las cosas al revés. Lo lógico habría sido en primer lugar haber solicitado la opinión de la dirección de control y después proceder y no como se ha hecho, todo lo contrario. En todo caso, siempre es Servitrans el regalón que siempre gana y se sale con la suya”.
Por otra parte, el consejero regional Alejandro Kusanovic mencionó que “como un espaldarazo a la postura sostenida por CPC Magallanes el informe emitido por la Unidad de Control de la Municipalidad de Punta Arenas en el que se declara ilegal el nuevo contrato suscrito entre el municipio y la empresa Servitrans en el que se aumentó significativamente el monto original y se fijó un plazo de 18 meses”. Además, añadió que “tal como lo dijimos desde un principio lo que hizo el alcalde Boccazzi respaldado por algunos concejales no se debía hacer. Aquí lo que correspondía era prorrogar el contrato por no más de seis meses y por el mismo monto ya que Servitrans tiene amortizado el costo de los camiones. El informe de la Unidad de Control demuestra que los concejales que votaron a favor, se equivocaron”.
El presidente de la CPC alertó de esta situación días antes que cerrara el proceso de licitación del contrato de recolección de residuos domiciliarios en Punta Arenas. Finalizó manifestando que “los concejales (Mario) Pascual, (Danilo) Villegas, (Julián) Mancilla, (Vicente) Karelovic y el alcalde Boccazzi le tienen que explicar a la gente por qué se prestaron para esta maniobra, en condiciones que lo correcto era buscar otras opciones o prorrogar en las mismas condiciones”, explicó el dirigente gremial agregando que el alcalde “se acostumbró a no respetar las leyes de la república, cuando desoyó el dictamen de la Corte Suprema que le ordenó rehacer la anterior licitación sin que participara Servitrans”.