Aún hay paciencia, pero también hay límites. En el gremio de usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, agrupados en la Cámara Franca A.G., saben que la decisión del Gobierno Regional (GORE) sobre la concesión de la adminisración del recinto puede tardar más allá de la fecha inicial del 30 de octubre, pero esperan que se resuelva en este Gobierno, bajo la administración del intendente Jorge Flies.
Ello, según han declarado en la Intendencia de Magallanes, depende de varios factores: el primero, son las consultas que el GORE hizo a la Contraloría. En julio pasado, la Seremi de Hacienda envió al órgano fiscalizador un acta firmada por el ex intendente Mauricio Peña y Lillo, en que se habría llegado a diversos acuerdos con la concesionaria Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI). En el Gobierno cuestionan si dicha acta, que no pasó por una toma de razón y carece de resolución de la primera autoridad regional, es o no vinculante para el GORE.
Además, se consultó si existió o no una cesión de concesión de parte de SRI a la empresa Rentas Pacífico Sur (RPS), una empresa espejo de la concesionaria, lo que constituiría una razón suficiente para extinguir el contrato.
La intendencia también consultó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) si existió perjuicio fiscal y si una eventual extinción del contrato es una decisión discrecional del jefe del GORE o se ve en la obligación de hacerlo.
Flies ha hecho hincapié en que las respuestas de Contraloría y el CDE son necesarias “para tomar una decisión en derecho”. Sin pronunciamiento de ambos organismos, la respuesta podría tardar.
“Para que Contraloría dé una respuesta, es necesario que tenga a la vista todos los antecedentes contables de la administración”, dijo ayer el past president de la Cámara Franca, Tomás Buvinic. “Hasta ahora, nosotros no sabemos si es así. El Gobierno anterior no las había enviado”, acusó.
– ¿Mantienen la esperanza de que haya un pronunciamiento antes de que termine octubre?
“Lo que a nosotros nos preocupa es que llegue otro intendente y esto no se haya solucionado. No queremos que todo este proceso sea para nada”.
– El seremi de Hacienda reafirmó esta semana que el Consejo Regional (CORE) no tiene atribuciones para fiscalizar el contrato de concesión. ¿Qué piensa usted?
“Nosotros jamás hemos dicho que el CORE tiene facultades para fiscalizar el contrato; esa es una confusión que tiene él. Nuestra postura es que el CORE debe velar por los recursos que ingresan a la intendencia y eso lo reafirmó Contraloría”.
El dirigente agregó que “lo importante es que Contraloría tenga acceso a los documentos contables de SRI y de RPS para que tome una decisión. Hasta ahora, sólo la consultora Ernst & Young ha podido ver todos esos documentos, y el mismo seremi García ha dicho que esa auditoría no tiene validez, que para nosotros sí la tiene.
Demanda
Fuera de las actividades de la Cámara Franca, Tomás Buvinic lleva a cabo su propia batalla legal en contra de SRI por lo que él considera una falsificación de planos, en perjuicio de su local, Sandy Point.
La primera parte de esa batalla fue ante la Corte de Apelaciones, donde el dirigente gremial interpuso un recurso de protección. En él, detallaba que la instalación de un lavado de autos en una calle aledaña a su local transgredía las normas de edificación que rigen en la Zona Franca de Punta Arenas y, más aún, era ilegal, puesto que se estaba cobrando arriendo por un lugar que no era un sitio, sino una calle de uso público.
El tribunal desestimó el recurso y dijo que no era materia de protección, por lo que, el 11 de septiembre pasado, Buvinic accedió al Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas una querella en contra de la administración del recinto franco.