La
Agrupación Fuerza Pyme, que reúne a un grupo de transportistas de
Magallanes, anunció ayer su decisión de interponer una denuncia ante la
Fiscalía Nacional Económica con el objeto de investigar posibles
infracciones a la libre competencia.
Ramón
Vargas, presidente de Fuerza Pyme, declaró que “creemos que las
empresas del norte podrían estar aprovechándose de una posición de
privilegio con la intención de perjudicar al transportista magallánico y
así eliminar a la competencia”.
Vargas
insistió además en sus críticas al proyecto del aparcadero, “porque
vendría a pavimentar el camino a las empresas del norte para venir a
destruirnos, así que no sería muy inteligente para nosotros el actuar
así”, indicó.
Bajo el costo
Vargas
expresó que uno de los principales argumentos del sector para llevar a
cabo esta presentación es el convencimiento de que las grandes cadenas
de transporte nacional que llegan hasta Magallanes están operando bajo
el costo. “Los camioneros para subir a Santiago, tienen un costo,
digamos, de 1 millón 500 mil pesos, pero nos hemos encontrado con fletes
donde se les paga a la competencia cifras mucho menores a eso.
La única
explicación que se nos ocurre es que de manera paulatina la competencia
está trabajando bajo el costo, con el objeto de eliminar a la competencia y eso se llama competencia desleal”.
A la larga, sostiene, esta situación podría representar la eliminación de las empresas
de transporte regionales, con lo cual estas empresas podrían nuevamente
subir los precios y encarecer el nivel de vida de todos los habitantes
de la Región de Magallanes.
Otras
prácticas que buscan erradicar es la subcontratación abusiva de
servicios de transportistas locales, conocida como “cortar la cola”.
“Hemos conocido situaciones donde un flete es contratado por una gran
empresa nacional a un precio de 3 millones 200 mil pesos y al transportista local subcontratado le pagan solo 2 millones 200 mil pesos, es decir, más de 1 millón de pesos queda en manos de la gran empresa nacional”, subrayó.
Una tercera práctica a fiscalizar, añadió, es la posible
infracción laboral que afectaría a los choferes que se ven obligados a
transportar grandes cargas de mercadería entre Santiago y Punta Arenas,
en tiempos imposibles con la normativa laboral.
Otros temas
La
ampliación de los pasavantes de 90 a 180 días para salir de la región,
es otra de las demandas junto a algunos puntos relacionados con la Ley
Navarino, que serán abordados en una mesa público-privada con
autoridades del Gobierno Regional.
Gobierno
Al
respecto, el seremi de Transportes, Marcos Mella, declaró que si los
transportistas regionales consideran que existen prácticas que atentan
contra la libre competencias, debían recurrir a las instancias legales
pertinentes y que en este caso es la Fiscalía Nacional Económica.
Mella
subrayó que el objetivo del Gobierno Regional en esta mesa de trabajo
público-privada es la generación de una instancia de diálogo entre las
partes involucradas en este conflicto. “Nosotros lo que buscamos es
acercar a las partes, pues tenemos claro que se trata de un problema
entre privados”, dijo el seremi de Transportes, quien informó que la
próxima reunión programada de la mesa es a comienzos de septiembre.
@PedroEscobar