El accidente que protagonizó la noche del lunes un bus en la Ruta 9
Norte tuvo un vuelco impensado. Según Transportes no tenía autorización para
realizar traslados privados a una empresa, aunque sí tenía al día toda la documentación
propia de un vehículo.
Este hecho, que terminó con 14 trabajadores heridos de diversa
consideración, puso sobre la mesa de discusión la fiscalización que se realiza
regularmente en las calles para detectar las eventuales infracciones a la norma
y sacar de circulación a aquellos que no estando autorizados realizan traslados
ilegales de pasajeros.
Este es un problema que ha sido denunciado por las organizaciones que
agrupan a colectiveros y taxistas, quienes acusan que es más fácil
infraccionarlos a ellos, que retirar de circulación a los vehículos “piratas”,
cuyos conductores no tienen licencia profesional y no disponen de los permisos
que exige la ley para operar, ni cuentan con los seguros que protegen a los
pasajeros en caso de accidentes.
Nula fiscalización
El presidente del Sindicato de Taxis y Colectivos de Punta Arenas
(Tacopa), Marcelino Aguayo, piensa algunos segundos antes de responder a Diario
El Pingüino acerca del transporte informal en Punta Arenas.
“El transporte informal no es fiscalizado y el Departamento de
Fiscalización del Ministerio de Transportes es ineficiente en eso. Es mucho más
fácil salir a ver si tienen las ampolletas buenas los colectivos o ganarse en las esquinas para revisar la
profundidad de los neumáticos, que preocuparse hoy día si hay un transporte
irregular que está funcionando”, dijo Aguayo.
El dirigente reconoció que es más complejo reconocerlos y ubicarlos,
“es un trabajo un poquito distinto a ponerse con los conos en la calle y
comenzar a fiscalizar, que es lo tradicional que hace Transportes”.
De esta manera, manifestó Aguayo, “cumplen sus metas, sus logros y les
entregan los bonos a Fiscalización y todo eso. Pero de verdad, creo que es
ineficiente, ineficaz, en -por ejemplo- sacar los taxis de los paraderos que no
corresponden”.
Señaló que es conocido que afuera del mall se estaciona un grupo de
taxis en la zona delimitada para los buses y colectivos. “Nosotros los vemos
todos los días . Es lamentable la labor de fiscalización que se realiza, porque
debieran dedicarle un poco de tiempo, pero entiendo que están en el facilismo
de multarnos a nosotros”, alegó.
Como ejemplo de su molestia, agregó que a él le ha pasado -tiene un
auto en la línea 15- que “estoy un sábado en la tarde y la gente que viene en
la barcaza me pide que la lleve al aeropuerto y no puedo, porque me expongo a
una multa de hasta $ 200 mil y uno le va a cobrar cuánto (al pasajero), $ 6
mil. Entonces, uno tiene que dejar sin servicio a esa persona, quien no
entiende que no la llevemos donde quiere ir. Pero si se hace con un auto rojo,
se puede pasar frente a los carabineros y al personal de Transportes sin que se
den cuenta, porque hoy no se ve ni la plata con las transferencias
electrónicas. Porque sospechan de los autos negros con el techo pintado, pero
no de los que tienen otros colores”.
El líder de los colectiveros señaló que es fácil de comprobar e invita
a la gente a conversar con los taxistas que se estacionan en José Menéndez
esquina Bories, frente a una céntrica multienda, y preguntarles por el tema,
“ellos se aburrieron de llevar listas a Transportes. Tienen una con más de 100
vehículos que andan prestando servicio”.
Manifestó que a muchas personas les ha pasado que han pedido un
radiotaxi y ha llegado a su puerta un auto de color. “Ayer me comentaba alguien que se subió a un auto y antes de
partir le dijeron que la tarifa era
$ 3 mil. Cómo se entiende eso, si tienen la obligación de tener
taxímetro. Lo que ocurre es que actualmente es absolutamente deficiente la
fiscalización”, reiteró Aguayo.
Solidaridad gremial
Su posición no es tan drástica ni categórica para condenar al
conductor que, sin tener los permisos, transportaba trabajadores al momento de
sufrir un accidente en la ruta.
El presidente de Tacopa toma aire y dijo que lo lamenta, “porque es de
aquellos micreros que quedaron sin pega cuando el Estado fue incapaz de ayudar
a los pequeños empresarios de la locomoción mayor. Esa gente no tiene otra
herramienta de trabajo. Son mayores, trabajaron toda una vida, estuvieron
durante más de 30 años prestando servicio y el reconocimiento de todos nosotros
como comunidad fue que anden trabajando en estas peguitas de mala calidad y de
manera irregular. El Estado le pasó a una sola empresa $ 6.000 millones y a los
pequeños empresarios nada. Los dejó en la calle”.
Nota: José Benítez