La disputa es antigua: gremios del transporte y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) han sido críticos de la mantención del impuesto específico a los combustibles, inicialmente implementado para el financiamiento de las reparaciones de las carreteras, pero que ha sobrevivido pese a que ello pasó a ser responsabilidad de las empresas concesionarias.
La presencia del gravamen se ha hecho más notoria, sin embargo, en tiempos en que el precio internacional del crudo ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos cinco años y la baja que ello ha generado en el valor de las bencinas ha ido más lento de lo que podría.
Así lo ven en el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, quienes estiman, por ejemplo, que durante 2013 el impuesto recaudó US$ 2.360 millones. El presidente del gremio, Alejandro Avendaño, criticó que ese monto “lo pagamos sólo el 20% de los consumidores de combustibles, porque las grandes empresas no pagan el impuesto específico”.
Durante el primer semestre de 2014, según cifras del sindicato, la recaudación del impuesto aumentó un 7,3%; ello, incluso antes de la entrada en vigencia del Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco), diseñado para evitar aumentos y caídas bruscas en el precio y que, aseguran, incrementará aún más las ganancias del Estado.
“Desde agosto de 2014, cuando comenzó a operar este mecanismo a octubre, sólo había evitado las subidas en tres oportunidades, lo que le costó al fisco en torno a los US$ 2 millones. Sin embargo, evitar las bajas en las cinco semanas en el mismo período le ha implicado una mayor recaudación al Fisco en torno a US$ 24 millones, cifra que se fue incrementando hasta que se presentó la brusca baja del precio internacional del crudo y se seguía frenando la bajada no más allá de los $5 pesos semanales con lo cual la recaudación adicional para el Fisco ya era de US$ 45 millones”, manifestó Avendaño.
El dirigente -quien aseguró que buscarían reunirse con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por esta situación- criticó que “este impuesto creció durante los Gobiernos de la Concertación; tienen un deber moral de eliminarlo y no lo han hecho porque es un impuesto muy fácil de recaudar”.