La
Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el
proyecto de Ley Miscelánea del Ministerio de Educación, que busca
ajustar y resolver algunas necesidades urgentes para el sistema
educativo, con lo cual la iniciativa pasa ahora a su discusión en la
sala de la Cámara.
El
proyecto de ley aborda cuatro aspectos distintos. El primero es volver
voluntaria la aplicación de la Evaluación Docente para 2022 y 2023, con
el objetivo de apoyar a los profesores que aún están experimentando
situaciones complejas de convivencia y adecuación con el retorno a
clases después de dos años de no presencialidad.
El
segundo ajuste es la extensión del plazo de implementación de los seis
nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que entraron en
funcionamiento este año. Originalmente, a estos servicios les sería
traspasado el servicio educativo y los establecimientos educacionales el
1 de enero de 2023, pero el proyecto amplía ese plazo en un año, con el
objetivo de que tengan el tiempo necesario para tener una mejor
instalación.
Entre
los procesos que se podrían realizar en este tiempo ampliado están la
creación del comité directivo local, el nombramiento del director
ejecutivo y los subdirectores,
el traspaso de contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el
traspaso de funcionarios. Los seis SLEP que debían recibir sus
establecimientos el 1 de enero son Iquique, Licancabur, Maule Costa,
Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes, que reúnen a cerca de 100 mil
estudiantes.
El
tercer componente del proyecto es la regularización del pago del bono
de incentivo al retiro para docentes y asistentes de la educación que
estaba pendiente desde 2018. Actualmente el análisis de antecedentes de
los trabajadores de la educación para el pago del bono de incentivo al
retiro se realiza por grupos de trabajadores, y si uno tiene problemas en su documentación, se remite al sostenedor al grupo completo. Con esta modificación, quienes sí tengan sus documentos al día podrán acceder al beneficio.
Por
último, el proyecto de ley facilita el proceso de pago de deudas
previsionales de los trabajadores de la educación. Cuando los
sostenedores de establecimientos no cumplen con los compromisos
previsionales, se les retiene la subvención. El proyecto en trámite facultará al ministerio a pagar las deudas en coordinación con los sostenedores.