Durante
la semana pasada se reunió el Comité de Adjudicación regional en el
auditorio de la Defensoría regional de Magallanes. Allí se efectuó la
primera sesión del Comité de Adjudicación Regional (CAR), con la
finalidad de resolver el 24° proceso de licitación de defensa penal
general. El proceso licitatorio contempla la selección de 4 abogados por
un plazo de tres años para la zona de Punta Arenas.
El
Comité de Adjudicación regional es un órgano autónomo que contempla la
Ley de la Defensoría Penal Pública y lo integran la defensora regional,
Gustava Aguilar; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en el caso de Magallanes corresponde a la funcionaria de la
Seremi de Justicia Tatiana Naduam; un representante del defensor
nacional, el director administrativo regional de la Defensoría, Claudio
Miranda; un académico de la región, del área de la economía, que en el
caso de Magallanes es la vicerrectora de Administración y Finanzas de la
Universidad de Magallanes, Elizabeth Jéldres y un juez con competencia
penal, el juez del Tribunal Oral en Lo Penal Guillermo Cádiz.
El
director administrativo regional, Claudio Miranda, señaló que en esta
sesión se constituyó el comité y se procedió a la evaluación de las
ofertas técnicas.
“En
primera instancia se revisan las garantías de seriedad de las ofertas,
se declara su admisibilidad o no y, si corresponde, se revisan los
antecedentes administrativos de los oferentes, los criterios de
evaluación por adhesión y, finalmente, los criterios de evaluación que
otorgan puntajes, todo conforme lo establecen las bases administrativas y
técnicas que rigen el llamado a licitación N° 24 de defensa penal.
Terminada la sesión se verifica si los oferentes cumplen o no con las
condiciones mínimas establecidas en las bases para pasar a la siguiente
etapa de evaluación económica, la que según calendarización del proceso
se inicia el 27 de marzo”, explicó el directivo.
La
Defensoría Penal Pública presta un servicio de defensa penal mixto,
esto es con abogados que tienen la calidad de funcionarios públicos de
la Defensoría y con prestadores privados quienes son seleccionados a
través de un sistema de licitación pública.