El
encargado (s) del Grupo de Trabajo de Infancia y juez del Tribunal de
Familia de Viña del Mar, Felipe Pulgar, conversó con el noticiero
central de El Pingüino Multimedia respecto del nuevo servicio Mejor
Niñez”, que reemplaza al Sename.
“Con
esto se cierran las puertas del Sename, y a partir de hoy comienza este
nuevo servicio, cuya función principal es garantizar a los niños, niñas
y adolescentes (NNA) una protección especializada e integral respecto
de las vulneraciones o amenazas de vulneraciones graves”, señala el
experto.
–¿Cuáles son los principales cambios en el ámbito jurídico?
“La
principal modificación que se advierte es el cambio en la forma de cómo
derivamos los asuntos desde los tribunales de familia hacia el sistema
proteccional. Con el Sename esto se realizaba de manera directa, con un
proyecto en específico. Sin embargo, a partir de hoy entra en este ruedo
de flujo la figura del director regional del Servicio de Protección
Especializada. Hay uno en cada región, es un organismo descentralizado.
Por lo tanto, la vinculación con los jueces de familia será directamente
con este coordinador con el fin de comunicarle la línea programática a
la que el NNA va a quedar sometido y el programa que se va a hacer cargo
de esta situación para que el director pueda asignar un cupo de manera
inmediata y preferente en los proyectos que se encuentran ejecutando en
la región”.
–En Magallanes, a septiembre, hay 157 NNA esperando su ingreso a algún programa de apoyo. ¿Qué pasa con ellos en esta transición?
“La
directora (del servicio, María José Castro) ha comprometido un plazo
para lanzar la nueva oferta programática, lo que debiese ocurrir en
marzo del próximo año. Desde ahí, los niños que se encuentren ya
derivados a los sistemas proteccionales deberán permanecer regulados en
estos mismos. Estamos gestionando con el servicio desde de mayo para
agilizar su ingreso. Entendemos que el solo hecho de la espera
constituye una nueva vulneración y lo más probable es que los derechos
que se encontraban vulnerados podrían maximizarse. Así que aquellas
derivaciones que se hayan realizado bajo la vigencia del Sename se
mantienen vigentes y continúan. Sin embargo, el nuevo servicio ha
asumido la necesidad de dar prioridad a aquellos que están en una lista
de espera relevante. Nuestra principal preocupación como jueces de
familia es justamente que nuestros niños estén bien cuidados, bien
protegidos y lo más pronto y oportunamente atendidos”.
–¿Serán más rápido los procesos de ubicación?
“Los
procesos deberían ser más rápidos. Un punto relevante es que la
derivación se produce a través del director regional. Muchas veces lo
que sucedía con el Sename en el ámbito proteccional es que algunos
coordinadores regionales no tenían mayor conocimiento de la oferta
programática y dónde se encontraban las listas de espera. Lo que hoy va a
ocurrir es que como el director es el que recibe la solicitud por parte
de los jueces de familia, él va a tener que asignar un cupo en un
proyecto en específico que se enmarque dentro de la línea que el juez
haya definido. Esto significa que el director va a tener especial
cuidado al momento de asignar proyectos para que brinden la atención
necesaria a un NNA y buscar dentro de la oferta que tiene en su región
cuál de esos proyectos es el que menos listas de espera tiene para
atenderlos”.
“Todo
esto debiese implicar que los jueces podamos tener más capacidad para
conocer menos casos de los que conocemos, lo que responde a un
compromiso con Naciones Unidas, quienes a través del Comité por los
Derechos del Niño realizaron hace un par de años diversas observaciones
al Estado de Chile recomendando la necesidad de desjudicializar los
asuntos proteccionales, intentando que la figura del juez aparezca como
último recurso”.
–¿Quién asumirá la representación jurídica de NNA?
“La
ley no consideró la oferta programática relacionada con curadorías ad
litem. Cuando tuvimos conocimiento del texto de la ley, un grupo de
profesionales que formamos parte del grupo de trabajo de infancia a
nivel nacional propusimos al ministro Mario Carroza la generación de dos
mesas de trabajo, lo que se aprobó por el tribunal pleno en mayo de
este año. Una mesa es la que se constituye a propósito de la
implementación del nuevo servicio, donde trabajamos en todo lo que tiene
que ver con las derivaciones a través de la dirección regional, la
agilización de los ingresos de los niños a esta oferta y pronta
atención. Una segunda mesa tiene que ver con el Ministerio de Justicia y
DD.HH., donde trabajamos para resolver los flancos surgidos a propósito
de las curadorías ad litem. El Ministerio de Justicia ha manifestado en
estas mesas la ampliación de la oferta programática en relación con las
curadorías ad litem, a propósito del aumento de dotación potente que
tuvo el Programa Mi Abogado a nivel nacional, una instancia única que
genera la representación de NNA en el ámbito judicial, formada esta
protección por un abogado, una asistente judicial y un sicólogo. Es
decir, existe una participación en tríada. Además, contamos con los
recursos potentes y útiles de las corporaciones de asistencia judicial
(CAJ) de cada región, que además el Ministerio de Justicia está
evaluando la posibilidad de contratar más personal en algunas zonas. Si
bien la ley no consideró la generación de una oferta en materia de
curadoría, lo cierto es que eso se ha resuelto a través de la mesa
bilateral con el Ministerio de Justicia. Hasta la fecha estamos
intentando ampliar lo más posible la representación para que no exista
en nuestro país ningún NNA que no cuente con un abogado que pueda
ejercer sus derechos ante un tribunal”.