La
parlamentaria magallánica, quien junto con indicar que este es un paso
importante y un acto de justicia para los funcionarios públicos, agregó
que aún está pendiente una reforma más amplia, que tiene que ver con
muchos aspectos administrativos, para garantizar los derechos laborales
de los funcionarios públicos, que están consagrados en la Constitución.
“Los
funcionarios públicos deben poder ejercer el derecho de la tutela
laboral permitiéndoles la legitima defensa de los actos provenientes de
dicha relación cuando le sean vulnerados sus derechos fundamentales”,
precisó.
Goic
recordó que esta iniciativa nace a partir de que en varias oportunidades
la Corte Suprema ha comprendido a los trabajadores del sector público
en la tutela laboral, pero el Tribunal Constitucional, en diciembre de
2018, dictó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
presentado por la Municipalidad de San Miguel, aspecto que fue
gravitante en la mayoría de las argumentaciones a la hora de la
discusión en la sala del Senado. En su segundo trámite, el proyecto
pasará ahora a la Cámara de Diputados.