Lo que se proyectaba como un espacio técnico y participativo para trazar la hoja de ruta del principal polo comercial de Magallanes derivó en una abierta pugna institucional. La constitución de la Mesa de Zona Franca —instancia convocada por el Gobierno Regional para definir los lineamientos estratégicos y las bases de la próxima concesión frente al término del contrato vigente en 2030— abrió un frente de severas críticas debido a la incorporación de la actual concesionaria, Sociedad Rentas Inmobiliarias, en las deliberaciones.
La presencia de la administradora actual en el diseño preliminar del concurso generó reparos inmediatos entre gremios y autoridades fiscalizadoras, quienes advierten un riesgo directo al principio de igualdad de condiciones frente a futuros competidores interesados en adjudicarse el recinto franco.
Cuestionamientos gremiales y advertencia del CORE
Desde el sector comercial, la presidenta de la Cámara Franca, Vania García, marcó distancia respecto de los criterios adoptados por la administración regional para conformar el espacio de trabajo, instando a las autoridades a fijar límites rigurosos frente a quienes proyectan competir en la futura licitación: “Creemos que es fundamental distinguir entre escuchar a todos los actores y permitir que quienes tienen intereses directos en una futura licitación intervengan en la definición de sus condiciones”, enfatizó García, añadiendo que son las autoridades convocantes las llamadas a garantizar la independencia y transparencia del proceso.
Las críticas adquirieron un tono aún más incisivo en el Consejo Regional. El consejero Rodolfo Arecheta cuestionó con dureza la viabilidad administrativa y ética de la mesa: “La incompatibilidad en la participación de Rentas Inmobiliarias en la mesa organizada por el Gobierno Regional es manifiesta. El regulado no puede participar en el diseño de las bases de una licitación en la que va a participar. Es poner al gato a diseñar la carnicería”, fustigó la autoridad.
Asimismo, Arecheta denunció falta de prolijidad en las reuniones: “Según he sabido, el proceso no tiene una metodología clara, no se levantan actas y tampoco existe claridad de cómo se van a procesar esas respuestas”, cuestionando paralelamente el rol de la Seremi de Hacienda en la conducción de la instancia pública.