En agosto de 2014, cinco concejales del periodo alcaldicio de Emilio Boccazzi acudieron a la Fiscalía Regional para interponer una querella para que se investiguen posibles delitos de malversación de fondos públicos en la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).
Los ediles que interpusieron la denuncia en el centro de justicia fueron Vicente Karelovic, David Romo, Julián Mancilla, José Aguilante y Juan José Arcos. Dicha denuncia la realizaron luego de tener antecedentes que durante septiembre de 2013 en la Cormupa se utilizaron fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para realizar un nuevo estatuto de la corporación, el cual llevó a desembolsar un monto total de 33 millones de pesos a la consultara que realizó el trabajo solicitado por la entidad municipal.
El delito por el cual los cuatros ex funcionarios son investigados es por la utilización de los fondos SEP, cuyos recursos sólo pueden ser utilizados para el mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media y es dirigido específicamente para los alumnos.
Al darse a conocer que cuatro funcionarios serán formalizados, el concejal Vicente Karelovic, quien fue uno de los que presentó la denuncia, valoró que después de dos años se formalice a los posibles responsable de la malversación de fondos públicos, aunque lamentó la tardanza con la que actuó la justicia.
Karelovic señaló que “en agosto de 2014 hicimos esta denuncia ante la justicia y la Contraloría intervino también, debido a las asesorías técnicas que se realizaron en la Cormupa. El 26 de septiembre de 2013 se firmó un contrato con Chileduc para elaborar los nuevos estatutos de la Corporación Municipal y se canceló con fondos SEP y eso es grave, porque la Ley 20.248 es clarísima en señalar que no se pueden utilizar esos fondos para otros fines que no sean mejorar la calidad de educación y aquí justamente ocurrió eso.
Es por eso que nosotros cuando tuvimos todos los antecedentes realizamos la denuncia y es por eso que intervino la Fiscalía, la Contraloría y ahora intervendrá el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hizo que el fiscal también apurara el caso. Esto va a desembocar en un juicio peligroso para esta gente. Lo que lamento es que son casi tres años que se demoraron en esta investigación y eso deja en evidencia la lentitud con la que actuado la justicia”.
El concejal además señaló que “hemos denunciado tantas irregularidades que esperemos que pronto se puedan seguir esclareciendo las diversas denuncias que se realizaron en la administración anterior”.
La audiencia de formalización está fijada para el 11 de julio a las 9 horas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.