En agosto del 2014, cinco
concejales de la administración Boccazzi, acudieron a la fiscalía regional para
interponer una querella para que se investiguen posibles delitos de
malversación de fondos públicos en la Corporación Municipal de Punta Arenas
(Cormupa).
Los concejales que interpusieron
la denuncia en el centro de justicia fueron: Vicente Karelovic, David Romo,
Julián Mancilla, José Aguilante y Juan José Arcos. Dicha denuncia la realizan
luego de tener antecedentes que durante septiembre del 2013 en la Cormupa se
utilizaron fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), para realizar un nuevo estatuto de la Cormupa, el
cual llevo a desembolsar un monto total de 33 millones de pesos, a la
consultara que realizó el trabajo solicitado por la entidad municipal.
El delito por el cual los cuatros
ex funcionarios son investigado es por la utilización de los fondos SEP, cuyos
recursos sólo pueden ser utilizados para el mejoramiento de la calidad de la
educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará
por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de
transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza
media y ver dirigido específicamente para los alumnos.
Al darse a conocer que cuatro
funcionarios serán formalizados, el concejal Vicente Karelovic, quien fue uno
de los que presentó la denuncia, valoró que hoy después de dos años se
formalice a los posibles responsable de la malversación de fondos público,
aunque lamentó la tardanza con la que actuado la justicia.
Karelovic, menciono a Diario El
Pinguino, que “en agosto del 2014, hicimos esta denuncia ante la justicia y la
contraloría intervino también, debido a las asesorías técnica en la que se
realizaron en la Cormupa. El 26 de septiembre del 2013 se firmo un contrato con
Chileduc para elaborar los nuevos estatutos de la Corporación Municipal y se
cancelo con fondos SEP y eso es grave porque la Ley 20.248 es clarísima en
señalar que no se puede utilizar eso fondos para otros fines que no sea mejorar
la calidad de educación y aquí justamente ocurrió eso. Es por eso que nosotros
cuando tuvimos todos los antecedentes realizamos la denuncia y es por eso que
intervino la fiscalía, la contraloría y ahora intervendrá el consejo de defensa
del estado, lo que hizo que el fiscal también apurará el caso. Esto va a desembocar en un juicio peligroso
para esta gente. Lo que lamento es que son casi 3 años que se demoraron en esta
investigación y eso deja en evidencia la lentitud con la que actuado la
justicia”.
El concejal además señaló que
“hemos denunciado tantas irregularidades que esperemos que pronto se puedan
seguir esclareciendo las diversas denuncias que se realizaron en la
administración anterior”.
La audiencia de formalización
está fijada para el 11 de julio a las 9 de la mañana en el Juzgado de Garantía.