El
juez Ricardo Larenas tenía motivos para preocuparse. La Defensoría
Penal Pública puso un recurso de amparo en su contra por enviar a la
cárcel a R.B.A., quien es investigado por múltiples hechos de violencia
intrafamiliar (VIF).
Sin
embargo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el amparo. “Es
posible descartar alguna ilegalidad o arbitrariedad como la que se le
atribuye al seño juez”, dice el fallo.
Una serie de causas
R.B.A. es investigado por daños y amenazas en contexto VIF, además de incurrir en un delito de desacato.
El
2 de noviembre del año pasado el imputado habría rayado el auto de su
madre y reventado sus cuatro neumáticos, además de amenazarla de muerte.
Tres meses después, presuntamente fue al domicilio de su hermano y
destruyó el portón. Nuevamente habría lanzado amenazas contra su familiar y a su cuñada.
Una
nueva intimidación habría ocurrido dos semanas después. Por ello, el 19
de febrero el tribunal ordenó que existiese una prohibición de
acercamiento entre el imputado y la familia de su hermano. Ese mismo día
lo habría llamado por teléfono: “si no retiras la denuncia, te voy a
matar”, habría dicho.
Las
víctimas instalaron un portón metálico y cámaras de seguridad. Sin
embargo, el 19 de marzo el imputado fue a la casa de su hermano y dejó
un ramillete sobre la nueva entrada, junto con una amenaza: “Estas son
las flores para tu funeral, porque te voy a matar”, habría dicho.
Carabineros
llegó al lugar y lo detuvo. Registraron sus vestimentas y encontraron
un cortaplumas. Al día siguiente, el juzgado ordenó que cumpliese con
arresto domiciliario total.
“Violencia contra la mujer”
El 26 de marzo, R.B.A. se conectó desde su casa con el tribunal. Su abogado defensor, Pablo Santander, solicitó una audiencia para suspender todas las causas por violencia intrafamiliar que presuntamente protagonizó.
El
abogado argumentó que su defendido era inimputable, porque tiene una
tarjeta de discapacidad grado 50% y solo ve por un ojo. Para determinar
si tenía responsabilidad penal, se ofició al Hospital Clínico de
Magallanes para que remitiese antecedentes siquiátricos y médicos.
En
esa misma audiencia la fiscal Katerina Aranis tomó la palabra. Solicitó
al juez Larenas que ordenase la prisión preventiva para el imputado
hasta que se determinase la inimputabilidad. Para ello pidió que se
escuchara a las víctimas.
El
relato de la cuñada –interrumpido por una apática carcajada del
imputado– terminó por convencer al juez. “Las medidas cautelares no han
sido capaces de resguardar la integridad física y de mantener a raya y
alejado de sus vidas al imputado”, manifestó el magistrado.
R.B.A. fue enviado a la unidad siquiátrica del Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Sus abogados interpusieron un
recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. “(La audiencia) estaba
fijada exclusivamente para discutirse la suspensión del procedimiento”,
dice el amparo.
Los
ministros del tribunal de alzada analizaron la decisión del juez
Larenas por casi tres semanas. Finalmente decidieron darle la razón y
rechazar el recurso de amparo.
“Estamos ante un caso donde se ha hecho manifiesta una situación de
violencia en contra de una mujer e indirectamente contra sus dos hijas
menores de edad”, estipula la Corte.
La Defensoría apelará la decisión ante la Corte Suprema.