Ante
el Servicio Electoral (Servel) de Chile fue denunciada la convencional
constituyente de Magallanes Elisa Giustinianovich, debido a que estaría
realizando propaganda electoral por el “Apruebo” durante un periodo no
permitido.
Lo
anterior fue anunciado por el consejero regional Alejandro Riquelme,
quien expresó que “el día hoy (domingo) la convencional Elisa
Giustinanovich, junto a su pareja, Juan Herrera Andrade, y el realizador
audiovisual Cristián Valle Celedón, estuvieron dentro de las
dependencias del recinto franco de Punta Arenas, Zona Franca,
repartiendo folletos donde llamaban abiertamente a apoyar la opción
‘Apruebo’, en abierta infracción de la Ley Electoral y el período de
propaganda para el plebiscito de salida a realizarse el 4 de
septiembre”.
La
Ley Electoral define como propaganda electoral todo evento o
manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en
soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva una opción del plebiscito de salida.
Esta
denuncia se suma a la polémica de la semana recién pasada, dadas las
declaraciones de los ministros de la secretaría General de Gobierno y
secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejos y Giorgio Jackson,
quienes han llamado abiertamente a optar por la opción Apruebo en el
referéndum de salida. Asimismo, el propio presidente Gabriel Boric en
más de una oportunidad ha declarado que “estoy totalmente comprometido
con la promulgación de una nueva Constitución”.
Cabe
recordar que como resultado de estas declaraciones hechas en horario
laboral y el desempeño de las funciones de las autoridades, la semana
recién pasada los jefes de bancada de diputados de la UDI, RN y Evópoli,
Jorge Alessandri, Andrés Longton y Francisco Undurraga, oficiaron a la
Contraloría General de la República para que emita un pronunciamiento y
actualización de su jurisprudencia administrativa acerca de la
participación política del Gobierno del presidente Gabriel Boric y sus
funcionarios en la difusión de mensajes relacionados a la Convención
Constitucional para no interferir en el plebiscito de salida.