La
noticia de que el nuevo reglamento del convenio entre el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Consejo Regional (CORE) exigiría a los
comités de vivienda un 90% de personas vulnerables, causó alarma entre
las organizaciones habitacionales de Punta Arenas. Y así se lo hicieron
ver al ministro Montes en su última visita a la región.
Acto
seguido, el seremi de Vivienda, Marco Uribe, afirmó que el reglamento
del Convenio de Programación Minvu-GORE que está siendo elaborado por la
comisión de seguimiento, “está aún en etapa de revisión”. También negó
que se exigiera un 90% de vulnerabilidad y pidió a los consejeros no
realizar filtraciones a la prensa de borradores no aprobados. “Llamamos a
quienes son parte de la revisión de este reglamento a actuar con
seriedad y trasparencia y no filtrar borradores que aún no son
aprobados, lo que una vez más genera desinformación y angustia en las
personas que viven una urgencia habitacional”, manifestó.
Los consejeros regionales Roxana Gallardo y Alejandro Riquelme salieron ayer a desmentir estas palabras.
Según
afirmaron, la propuesta de reglamento redactada por el seremi Uribe y
su equipo fue recibida por el Consejo Regional el 16 de diciembre de
2022. Ante la urgencia de su discusión, los consejeros inmediatamente lo
pusieron en tabla y analizaron en la Comisión de Infraestructura,
efectuada el lunes 19 de diciembre, es decir: solo 3 días posterior a su
recepción, donde estaba citado además el seremi de Vivienda, Marco Uribe, quien no asistió.
Gallardo
agregó: “Como ya se precisó, el seremi ya había enviado una propuesta
terminada al Consejo Regional, pero debido a las graves deficiencias y
no haber recogido la opinión de los consejeros regionales tuvo que ser
devuelto al Minvu”. Gallardo indicó que la rechazada propuesta sostenía
que “se han recogido las observaciones
realizadas por el Consejo Regional y/o Gobierno Regional”. Pero esa
afirmación, según los consejeros, es falsa, “ya que durante 2022 la
comisión de seguimiento, que debía elaborar el reglamento, solo funcionó
una vez: el 27 de julio de 2022, después de las multitudinarias
protestas efectuadas por dirigentes y pobladores, y no volvió a ser
convocada”, pese a lo comprometido.
Con respecto a las filtraciones denunciadas por el seremi
Uribe, los consejeros afirmaron que las discusiones del Consejo
Regional son públicas, grabadas y publicitadas, pueden ser revisadas
además por cualquier ciudadano. El principio
de transparencia en la función pública los obliga a la publicidad de
sus actos y documentos, además de facilitar su acceso a cualquier
persona, según lo exige la Ley 20.285,
También
desmintieron al seremi de Vivienda, Marco Uribe, cuando negó la
exigencia de un 90% de vulnerabilidad a los grupos postulantes. “En la
página 3 del reglamento recibido la semana pasada por los consejeros
regionales, se señala expresamente lo contrario: “El grupo deberá
conformarse, prioritariamente, con al menos un 90% de familias
pertenecientes al 40% de calificación socioeconómica…. ”