En
aproximadamente dos semanas, la etapa de redacción llega a su fin y
comenzará el funcionamiento de la Convención marcada por las comisiones
finales: Armonización, Artículos Transitorios y Preámbulo.
La
primera instancia –cuyo inicio está programado para el 17 de mayo- será
la que integre el convencional por Magallanes, Rodrigo Álvarez. Junto a
otros 39 convencionales, Álvarez se encargará de visibilizar las
contradicciones, los errores gramaticales o problemas de coherencia de
la nueva Constitución.
En
esa línea, el funcionamiento de esta comisión resulta clave ya que, se
espera que la propuesta supere las 400 normas lo que, según expertos,
hace muy factible que se detecten contradicciones o inconsistencias
importantes en la propuesta de nuevo texto.
Al
respecto, el convencional Álvarez señaló que escogió formar parte de
esta comisión porque “considero que, como abogado y como representante
de los magallánicos, es mi responsabilidad conformar esta comisión para
velar porque exista la mayor certeza posible en la propuesta de
Constitución. Esto, pese a que considero que muchas de las normas ya
aprobadas generarán un impacto negativo en el desarrollo de las regiones
y en múltiples aspectos para la vida de las personas. Además, en mi rol
de profesor de Derecho, creo tener las competencias necesarias para
advertir oportunamente los problemas de interpretación que se pueden
generar producto de las posibles contradicciones e inconsistencias de
las diferentes normas aprobadas a la fecha”. Agregó que “las
consecuencias de tener incertidumbre en estas materias son importantes,
tanto para los derechos de las personas como para el legítimo desarrollo
de actividades económicas de las empresas”.
Finalmente,
el exdiputado dijo que “si bien critico múltiples disposiciones
aprobadas por el Pleno de la Convención, estimo que es relevante que se
cumpla bien la función de la Comisión de Armonización y se evite
cualquier efecto negativo en la materia. Esperamos que esta instancia
prime el criterio jurídico, la racionalidad y una interpretación
adecuada de las normas que, si así lo estima la ciudadanía, podrían
regir a nuestro país en las próximas décadas”.