Tras
la solicitud del diputado Christian Matheson a la Contraloría General
de la República a que investigue la legalidad del acuerdo firmado por el
gobernador regional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, esta fue acogida y se comenzará una
investigación al respecto.
A
inicios del mes de abril el diputado Matheson solicitó el
pronunciamiento de la Contraloría General en relación a la firma del
convenio de cooperación internacional entre el gobernador regional,
Jorge Flies, y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados, Juan Carlos Murillo. Lo anterior,
ya que la conducción, negociación y suscripción de tratados
internacionales es de potestad exclusiva del Presidente de la República,
en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dicho
pronunciamiento de legalidad fue declarado admisible y se refundó junto
a la misma solicitud realizada por otro parlamentario, el cual expone
la misma situación, es decir, ocho municipios del país que habrían
firmado el mismo convenio.
Para
el diputado Matheson “se está dando el curso natural a la solicitud que
realicé el pasado 5 de abril, ya que a mi juicio la Gobernación
Regional habría excedido sus atribuciones. Ahora
bien, más allá de lo estrictamente jurídico, lo que me preocupa es que
se les asignen recursos públicos a personas que no cumplan con los
requisitos establecidos en la ley, versus muchos magallánicos que llevan esperando años para un beneficio social”.
Finalmente,
el parlamentario magallánico dijo que “aquí es fundamental para la
transparencia del proceso que, si el gobernador no actuó dentro del
ámbito de sus competencias, sea dejado sin efecto el convenio mencionado
y además, en el caso que se hubieran asignado recursos, estos deban ser
restituidos a las arcas fiscales, ya que la prioridad siempre deben
tenerla los magallánicos”.