Contraloría declara en estado crítico el sitio de disposición de residuos de Punta Arenas

Tras evaluar a 345 municipalidades entre 2022 y 2025, el organismo incluyó a la capital regional en el listado de sitios en estado crítico junto a Chile Chico y Chaitén, oficiando a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para presentar planes de acción en un plazo de 60 días hábiles.

​Un complejo escenario sanitario y ambiental enfrenta la capital de Magallanes.
En su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28 sobre manejo y eliminación de residuos sólidos domiciliarios a nivel municipal —publicado el 10 de noviembre—, la Contraloría General de la República incorporó a Punta Arenas dentro del apartado “Sitios en estado crítico”, detallando en la tabla de territorio y situación para “Punta Arenas, Chile Chico y Chaitén” que cuentan con apenas “1 año de vida útil restante”.
​El reporte, que evaluó a 345 municipalidades entre 2022 y 2025, advierte que a nivel nacional “continúan operando sitios con vida útil agotada o próxima a su término”.
El organismo enfatiza que reportar anualmente en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) “es esencial para identificar faltas de control, así como potenciales riesgos ambientales, sanitarios y financieros, derivados tanto del incumplimiento de la declaración en el RETC como de la operación de sitios sin autorización sanitaria o con vida útil vencida”.
​Las cifras globales reflejan una crisis estructural: un 49% “de los sitios de disposición final no cuenta con autorización sanitaria vigente” y “Predominan vertederos y basurales de operación municipal o mixta”.
Además, el 82% “de las municipalidades no informó en algún período (2022-2024) la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el RETC” y 11 regiones “no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente”.
​Frente a este diagnóstico, Contraloría anunció que “se realizará una fiscalización de alcance nacional sobre la eliminación de los residuos sólidos domiciliarios, considerando los riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados a la disposición”, oficiando a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen su plan 2026-2027 y “adopten las acciones pertinentes en relación con la situación descrita, en el plazo 60 días hábiles”.

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