A
través del pronunciamiento número E267186 del 14 de octubre de 2022, el
contralor nacional de la República, Jorge Bermúdez Soto, puso una
lápida y dio un plazo perentorio de 60 días para revertir las
ilegalidades e irregularidades detectadas en la firma de convenios para
traer refugiados a Magallanes con la ONU y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), por parte del gobernador
regional Jorge Flies, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, junto a
otras nueve municipalidades.
El
dictamen señala, en su apartado de análisis y conclusión, que la firma
de estos convenios con organismos internacionales es una atribución
exclusiva del Presidente de la República y no de los gobernadores y
alcaldes: “Vistas la regulación aplicable y la jurisprudencia citada, se
advierte que la conducción de las relaciones internacionales es una
potestad que le corresponde ejercer al Presidente de la República como
Jefe del Estado, con la colaboración del Ministerio de Relaciones
Exteriores”, “…las entidades denunciadas no ajustaron su obrar a
derecho al haberlos suscrito, pues la celebración de esos acuerdos
excede las atribuciones que el ordenamiento jurídico les confiere a los
gobiernos regionales y a las municipalidades y no se enmarca en los
supuestos previstos en el artículo 35 de la citada Ley N° 21.080”.
Los
hechos se inician, cuando el consejero regional Alejandro Riquelme y el
diputado Christian Matheson solicitaron vía Transparencia el convenio
firmado por el gobernador Flies. Este se negó a su entrega, como
asimismo tampoco registró las reuniones llevadas a cabo con altos
funcionarios de la ONU y Acnur, las cuales hasta la fecha no han sido
publicadas en el registro de audiencias del gobernador.
A
pesar de lo anterior, el consejero regional acudió al Tribunal de
Transparencia, quien obligó al gobernador Flies a publicar el contenido
íntegro del convenio, en febrero.
De
esta forma se pudo constatar que una vez firmado el convenio, que data
de diciembre de 2021, el gobernador Flies comenzó a financiar con
recursos del presupuesto del Gobierno Regional servicios gratuitos de
orientación socio-jurídica a refugiados y migrantes. Estas actividades
alcanzaron a ser desarrolladas solo durante enero por Fide XII y el
apoyo técnico de la Clínica Jurídica de la UMAG, que es liderada por la
hermana del gobernador: Angie Flies.
El
dictamen del contralor nacional señala que el gobernador y los alcaldes
denunciados han realizado una “invasión al ámbito propio de la potestad
que la Carta Fundamental le confiere al Jefe de Estado para conducir
las relaciones internacionales”, y termina obligando “al Gobierno
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y las municipalidades de
Arica, Valparaíso, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana,
Recoleta, Concepción, Talcahuano y Puerto Natales, a arbitrar las
providencias que según el ordenamiento correspondan a fin de corregir la
irregularidad antes descrita, de lo cual informarán a las respectivas
Contralorías Regionales en un plazo de 60 días hábiles desde la
notificación del presente pronunciamiento”.
Reacciones
Matheson
expresó estar conforme con la determinación de Contraloría, indicando
que “esta respuesta de Contraloría viene a ratificar la presentación que
hicimos en abril cuando acudimos al organismo, porque a nuestro juicio
esta firma del gobernador era ilegal y arbitraria. Aquí no hay
ciudadanos de primera y segunda clase y este convenio principalmente
‘pasa a llevar’ los derechos sociales de muchos ciudadanos de nuestra
región, ya que personas migrantes podrían acceder más fácil a estos
beneficios”.
“Es
importante destacar que ninguna autoridad está por sobre la ley; al
contrario, estamos convocados a mayores estándares de probidad y
transparencia en nuestros actos. Aquí, lo cierto es que el gobernador se
excedió en sus atribuciones, ya que la conducción, negociación y
suscripción de tratados internacionales es de potestad exclusiva del
Presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, y en consulta con el Consejo Regional (CORE)”,
concluyó Matheson.
Finalmente,
el core Riquelme manifestó que “esta es la primera de muchas
irregularidades e ilegalidades que se harán publicas del gobernador
Flies, que actúa con completo descaro desde su posición de autoridad. El
actuar del gobernador, primero en ocultar este convenio y negando su
publicación, nos convence aun más que sabía de su actuar al margen de la
ley. Sí a ello sumamos que uno de los beneficiarios de este tipo de
iniciativas son instituciones dirigidas por familiares como su hermana
Angie Flies, es impresentable. Es la punta del iceberg de una serie de
irregularidades, que actualmente está estudiando el contralor nacional y
regional, pero que lamentablemente toman muchos meses en ser
investigadas”.