Es una de las pocas corporaciones municipales en el país que no presenta atrasos en el pago de la previsión social de sus trabajadores y en las cuentas de servicios básicos. Sin embargo, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) -encargada de la administración de los colegios y recintos de salud públicos de la comuna- se enfrenta a un 2015 de fuertes dificultades financieras.
La primera y más básica es que su presupuesto no está asegurado. El presidente del directorio de la institución, alcalde Emilio Boccazzi, aprobó en noviembre un Plan Anual de la Educación Municipal (Padem) que considera $ 1.800 millones de aporte directo del municipio; no obstante, el Presupuesto Comunal 2015 sólo considera $ 150 millones de aporte a la Cormupa. Los $ 1.650 millones de diferencia deberán ser provistos durante el año, a través de modificaciones presupuestarias, las cuales son sometidas a voto en el Concejo Municipal.
La incertidumbre financiera tiene, además, el factor de la reforma educacional. Tanto el alcalde Boccazzi como el secretario general de la Cormupa, Hermes Hein, han puesto sobre la mesa la necesidad de que el Estado financie el Padem y de que, ad portas de una desmunicipalización de la educación pública, se aclare la forma en que se llevará a cabo la transición.
No son las únicas complicaciones que enfrenta la institución municipal. En julio de este año, la Corte Suprema determinó que la Cormupa debía pagar el Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) demandado por un grupo de 309 profesores municipales; la cifra supera los $ 300 millones y en la institución anunciaron que buscarán que sea el Estado de Chile el que pague ese monto, puesto que las operaciones financieras con el Bono SAE fueron realizadas bajo el instructivo del Ministerio de Educación (Mineduc).
A esa demanda, se suma el juicio recientemente perdido tras la demanda del ex director de la escuela Hernando de Magallanes, Arturo Mansilla, quien interpuso una acción judicial de más de $ 140 millones y resultó vencedor. Sobre el tema, Hein informó que se seguirán las acciones judiciales que permitan revertir la situación, por lo que solicitarán la nulidad del juicio ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
La ex administradora municipal y ex jefa de Control de la Cormupa, Eliana Astorga España, también tiene una millonaria demanda ante el Tribunal de Letras por despido injustificado y hostigamiento. El monto de ésta se acerca a los $ 200 millones.
A ello, se suma la demanda de Katherine Barrientos, que se acerca a los $ 100 millones. En su caso, la Justicia ya determinó congelar ese monto en las cuentas de la corporación, a la espera del resultado del juicio.
Todo ello, seguirá su curso en un año en que las autoridades municipales y de la Cormupa mirarán de cerca los proyectos de ley de Educación, a la espera de mayor financiamiento desde el Gobierno central.