Se trata de una de las demandas más millonarias por motivos laborales que ha enfrentado la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) y cuyo desarrollo parte hoy, en el Juzgado de Letras Laboral de la comuna.
Hasta allá llegará la ex jefa del Departamento de Control de la institución, Eliana Astorga España, quien fue desvinculada en julio pasado. La ex funcionaria, quien también se había desempeñado como administradora municipal, acusó vulneración de derechos fundamentales, despido injustificado y hostigamiento laboral.
Entre las personas que participarán del desarrollo del juicio, que considera un pago que asciende a casi $ 200 millones, en los que se incluyen casi $ 100 millones por daño moral, hay tres concejales de Punta Arenas: el presidente de la Comisión de Fiscalización del Concejo Municipal, David Romo, además de Vicente Karelovic y Julián Mancilla.
Los tres ediles forman parte de la larga lista de funcionarios municipales que la defensa de Astorga pidió convocar. Un total de 22 personas, entre las que, además de los miembros del concejo y familiares de la demandante, están la jefa del Área de Educación de la Cormupa, Cristina Susi, quien también fue convocada por la corporación.
Entre los medios de prueba presentados por la defensa de España están las licencias e informes médicos con que la demandante buscará probar que fue despedida en medio de una licencia médica, además de antecedentes de los comparendos de la Dirección del Trabajo en que la autoridad decidió cursar multas en contra de la Cormupa.
También están correos electrónicos entre Astorga y funcionarios de la corporación, con los que busca probar que su labor de fiscalización dentro de la institución fue dificultada por trabajadores y que sufrió hostigamiento laboral.
En tanto, la parte demandada, representada por la abogada Patricia Jara Rojas, decidió citar a funcionarios de la corporación, entre ellos Ricardo Oyarzo y Natasha Alarcón, ambos vinculados a los sindicatos de la institución.
Demandas
Las desvinculaciones dentro de la Cormupa han generado millonarias demandas por parte de diferentes ex trabajadores durante 2014.
Uno de ellos fue el ex director de la Escuela Hernando de Magallanes, Arturo Mansilla, en cuyo caso el Tribunal Laboral de Punta Arenas determinó que hubo un despido injustificado y ordenó el pago de una indemnización. La demanda tenía un costo de $ 148 millones y la institución comunal anunció que buscará anular el juicio.
En tanto, otra demanda por casi $ 100 millones es la interpuesta por la ex administradora de la piscina fiscal, Katherine Barrientos, en cuyo caso el tribunal ordenó congelar las cuentas mientras se desarrolla el juicio.