Con un monto de más de $ 246 millones, el texto describe las decisiones tomadas por equipos políticos de la Municipalidad de Punta Arenas, entre ellos el despido de una serie de funcionarios y la contratación “innecesaria” de otros.
También se refiere a los pagos realizados por Asistencias Técnicas Educativas (ATE), que son objeto de una investigación de Contraloría y el Ministerio Público.
El subtítulo, dentro de un texto extenso, es “Diferencias y desencuentros con el alcalde Emilio Boccazzi Campos”. Está en medio de la demanda presentada por el ex secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein, ante el Tribunal de Letras Laboral esta semana.
El ex funcionario, despedido a mediados de abril, demandó a su ex empleadora por más de $ 246 millones, aceptando la causal de despido, pero rebatiendo los montos ofrecidos por el municipio tras su salida.
En el subtítulo, que llega tras describir su relación laboral con la corporación -iniciada en 2009, en el período del alcalde Vladimiro Mimica-, Hein señala una serie de situaciones en que su opinión fue diferente a la de Boccazzi. Las materias, no obstante, van más allá de las opiniones: llegan, incluso, a temas de investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y Contraloría.
De acuerdo con el texto, existió una primacía del equipo asesor político de la alcaldía, con lo que “se contrató a diversas personas y servicios que fueron oportunamente observados por la Secretaría General y otros funcionarios, a pesar de lo cual se debieron realizar. Esta característica de su administración fue de público conocimiento e igualmente observada por mi antecesor en el cargo don Hugo Bizama Pommiez, quien inclusive presentó en su oportunidad un recurso de protección e hizo público (…) su alejamiento del cargo y sus circunstancias”.
Consecuencia de la influencia del equipo asesor, según manifiesta el texto, fueron algunos de los despidos más bullados de la corporación.
Entre ellos está José Raúl Alvarado Díaz, ex director del Liceo Juan Bautista Contardi. La demanda manifiesta que el fundamento único para ello fue “haber sido Secretario Regional Ministerial de Educación y Superintendente de Educación en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a pesar de su dilatada y prestigiosa carrera”.
También suma la situación de Arturo Mansilla, sobre el cual el texto manifiesta que el motivo fue “haber el docente apoyado la candidatura del diputado Gabriel Boric. Existe sentencia condenatoria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que obliga a la Cormupa a pagar más de 160 millones de pesos, incluso el daño moral”.