La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que había acogido en forma unánime un recurso de protección interpuesto por el consejero regional Alejandro Riquelme en contra del Consejo Regional y su Comisión Especial de Ética, creada en abril del 2023 ante la denuncia pública efectuada por la core Ximena Montaña.
En la decisión se estableció que la denunciante no establece “hechos concretos y precisos”, y que además se “denegó acceso al expediente de dicha comisión”, vulnerándose de esta forma varios derechos fundamentales: a una defensa informada, publicidad, bilateralidad de la audiencia y contradicción, agregando la sentencia que se había “vulnerado con ello el inciso 5° del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales”, ordenando finalmente que “…se deja sin efecto el proceso ante la Comisión Especial de Ética”.
Riquelme Ducci en la sesión de pleno efectuada el día 10 de abril del 2023, había solicitado oficios de fiscalización por el desvío de 55 millones de pesos para el pago de abogados efectuado por la madre de la consejera Ximena Montaña, Ximena Velásquez Díaz, quien lidera la Corporación de Educación de la Municipalidad de Natales, designada por la alcaldesa Antonieta Oyarzo.
El génesis del conflicto
La solicitud de fiscalización realizada por Riquelme, surgió ante la publicación de una investigación de Contraloría Regional, que indicó que la madre de la consejera Montaña habría desviado millonarios recursos de subvención escolar al pago de abogados que lideran las causas penales en contra del exalcalde Fernando Paredes, antecedentes que además fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado hace más de un año.
En la misma solicitud también se ofició a la Inspección del Trabajo por pagos adeudados a trabajadores de la Cormunat, y que en diciembre del 2023 ya fueron denunciados al Ministerio Público.
En respuesta a la fiscalización solicitada por Riquelme, la consejera Montaña leyó una extensa declaración pública de más de 11 minutos, donde se acusó a Riquelme de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia política de género, exigiendo además, la creación de una Comisión de Ética.
Recurrió de protección
Debido a lo anterior fue que Riquelme recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acusando al Consejo Regional y su Comisión de Ética, de “vulnerar sus derechos fundamentales, acusaciones que fueron conocidas por la Corte, la que finalmente ordenó dejar sin efecto la acusación en contra del consejero regional y su comisión de ética”.
En su sentencia, constató que sí estaba dentro de las atribuciones de Riquelme investigar vía oficio y detalló una serie de “graves infracciones” en el proceso.
Dada la sentencia adversa, el pasado 27 de diciembre el gobernador Jorge Flipes apeló a la sentencia. Sin embargo, la Corte de Suprema ratificó el fallo y rechazó la acción.
Actualmente la consejera Ximena Montaña se encuentra formalizada por los delitos de injurias, dada una querella interpuesta por ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, debido a las mismas acusaciones efectuadas el 10 de abril.
En la acción aparecen mencionadas otras líderes feministas de la región, varias de las cuales son funcionarias públicas en ejercicio.