El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)
Magallanes, Alejandro Kusanovic, respaldó ayer los recurrentes cuestionamientos
que el empresario Tomás Buvinic, ex presidente de Cámara Franca, ha realizado
en contra de los contratos firmados por el Estado, con la Sociedad de Rentas Inmobiliarias
(SRI), en los últimos años.
Espíritu
Junto con respaldar las críticas, Kusanovic fue más allá y sostuvo
que, en la práctica, el acuerdo al que llegó el Estado con la Sociedad de
Rentas Inmobiliarias es lesivo para la Región de Magallanes, pues atenta contra
el espíritu de la legislación que otorga franquicias especiales a la Zona
Franca. “El llamado a licitación que otorgó a la Sociedad de Rentas
Inmobiliarias (SRI), privilegió el pago del máximo de derechos al Estado, lo
cual es contradictorio con el espíritu de la exención tributaria, pues su
objetivo es beneficiar a los emprendedores de Magallanes y no aplicarles nuevos
tributos”.
El problema es que, en la práctica, los locatarios de la Zona Franca
lo que hacen es traspasar ese mayor costo a los clientes, lo cual redunda en
perjuicio de la comunidad resulta totalmente contradictorio con el espíritu de
la normativa.
Comisión
La propuesta de la CPC también apunta a la creación de una nueva
entidad, una comisión público privada, que administre estos galpones y cobre el
pago de arriendos que debieran
reinvertirse, planteó, en la construcción e infraestructura para este
recinto. “La licitación debiera apuntar a la empresa que cobre el menor
arriendo posible y no al revés como ocurre actualmente, a través del pago de
derechos”.
Denuncias
Buvinic ha presentado reiteradas denuncias en contra del intendente
Jorge Flies, por la no fiscalización de subcontratos, la mayoría de las cuales
han sido desestimadas por los organismos fiscalizadores.
Sin embargo, en las últimas semanas, el Consejo de Defensa del Estado
(CDE) decidió pedir antecedentes adicionales al último acuerdo alcanzado entre
la actual concesionaria, Sociedad de Rentas Inmobiliarias, y el intendente,
Jorge Flies, para una repactación de las obligaciones pendientes por parte de
la concesionaria, a cambio del pago de multas por un valor de 656, donde
incluso se incluyen multas prescritas.
Subarriendos
Otra ventaja de este mecanismo, afirmó, es que se evitaría que los
empresarios pudieran realizar prácticas ilegales, como el subarriendo de
terrenos a otros particulares, situación que ha generado tantas acciones
legales en los últimos años.
Ejecutivo
En este sentido, el Ejecutivo ha sido enfático en afirmar que no hay
irregularidades. “El señor Buvinic está obcecado con estas denuncias y por ello
insiste en ellas, a pesar que todas las autoridades fiscalizadoras: el Consejo
de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y la Corte
Suprema han desestimado sus acusaciones”, dijo el seremi de Hacienda, Christian
García.