CUT y Leyes de Excepción: “Plantear que esto es sólo un código aduanero es contradecir a la Presidenta Bachelet”

“El seremi, en su indolencia, ha planteado que el estatuto de Magallanes será sólo un código tributario aduanero. No sé si él quiere seguir aportando a la baja credibilidad del Gobierno, porque aquí hay un compromiso en torno a las Leyes de Excepción”. Con esas palabras respondió ayer la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jessica Bengoa, a las declaraciones del seremi de Hacienda, Christian García, quien, en entrevista con Diario El Pingüino, describió como “impracticable” adelantar el proyecto de ley de reforma a las Leyes de Excepción para agosto de este año.  “El seremi plantea que este es un código tributario aduanero y no un código laboral. Eso contradice o que la misma Presidenta dijo en su visita en junio pasado, cuando ella planteó un sueldo mínimo en Magallanes introduciendo un cambio a las Leyes de Excepción, a objeto de traspasar los beneficios a los trabajadores”, dijo Bengoa, y agregó que “el jefe de la Subdere, Ricardo Cifuentes, también planteó que el desafío era ver cómo los beneficios llegaban a los trabajadores de Magallanes”.  Sobre los plazos, sostuvo que “estamos exigiendo los plazos respecto a estas materias. A nosotros nos interesa que este estatuto para Magallanes sea anunciado en el mes de agosto o a principios del segundo semestre. Si se hace de aquí a diciembre, significa que después pasa a revisión del Ministerio de Hacienda y, luego, al Parlamento y probablemente lleguemos al fin de este Gobierno sin que esto se haya concretado”. 
La dirigenta sentenció que, tras la promesa de la Mandataria, “no podemos permitir que las autoridades regionales quieran irse por otro camino. Nos parece una falta de respeto para la comunidad”.
La CUT, la Federación de Trabajadores de Magallanes (Fetramag) y la Unión Magallánica de Trabajadores (UMT) han planteado la demanda de un sueldo mínimo regionalizado en la mesa negociadora en que participan con el Gobierno Regional y la Mesa del Sector Público, por parte de los empleados fiscales.

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